El hallazgo de 17 postulaciones al pago de la deuda histórica realizadas a nombre de profesores que ya habían fallecido generó reacciones entre parlamentarios de distintos sectores, quienes coincidieron en la necesidad de revisar los antecedentes y determinar eventuales responsabilidades.
Según una resolución de fines de septiembre, a la que tuvo acceso "El Mercurio", el Ministerio de Educación (Mineduc) detectó "un conjunto de profesionales de la educación cuya postulación fue realizada cuando la plataforma electrónica se encontraba operativa, pero con posterioridad a su fecha de defunción", utilizando sus credenciales de Clave Única.
La cartera sostiene que la postulación era "personal e intransferible" y califica como "uso irregular" que terceros efectuaran el trámite a nombre de personas fallecidas. El documento señala además que la División de Planificación y Presupuesto ya había advertido esta situación en diciembre de 2025, mediante cuatro oficios.
A partir del cruce de información con el Registro Civil, el Mineduc identificó tanto a docentes fallecidos antes de la apertura del proceso -que comenzó el 31 de marzo de 2025- como a profesionales cuyas solicitudes fueron ingresadas cuando la plataforma ya estaba operativa, pero después de su defunción. El Ministerio ha señalado que la verificación de antecedentes forma parte del proceso para determinar quiénes cumplen los requisitos establecidos para acceder al aporte.
La visión de la comisión de Educación
El diputado y presidente de la comisión de Educación, Sergio Bobadilla (UDI) sostuvo, en conversación con Emol, que "esto da cuenta de que estamos frente a una situación de extrema gravedad", y planteó que no sería el único caso en que personas que no cumplen con los requisitos reciben beneficios estatales.
"Esto también dice relación con lo que ocurre con las pensiones de gracia que ha otorgado el gobierno. Esto dice relación con los falsos exonerados, entre otros temas. Por eso creo que debemos ser muy rigurosos en la entrega de beneficios que implican recursos que son escasos, más aún por la situación económica que estamos viviendo como país", afirmó.
La diputada Sara Concha (PCCH) coincidió en la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización y destacó el rol de la Contraloría en la detección de eventuales irregularidades.
"Yo creo que cosas como estas reafirman más que el tener que fortalecer organismos como la Contraloría, por ejemplo, quienes han hecho una labor muy importante en controlar, identificar, detectar cuando hay uso fraudulento de los recursos del Estado", señaló.
Sin embargo, Concha marcó una diferencia respecto del alcance que deberían tener estos casos. "Creemos que la deuda histórica es la deuda histórica y hay que pagarlo, pero cuando existen este tipo de hechos, creo que es importante, aún más cuando estamos en el marco de la discusión de la ley de presupuesto, que exista una revisión profunda de cómo hoy día se están ocupando los recursos del Estado, porque no son solamente recursos del Estado, son los recursos de todos los chilenos, y, obviamente, hay que usarlos de manera justa y responsable", sostuvo.
Desde Republicanos, la diputada Paz Charpentier señaló que "usar la identidad de profesores fallecidos para intentar acceder a esta compensación es gravísimo. A primera vista, podríamos estar frente a otro caso de fraude social. El Mineduc tiene que esclarecer los hechos, explicar qué controles fallaron y denunciar los posibles delitos. También es prudente que se remitan todos los antecedentes a la Contraloría".
"Debemos cuidar los recursos de todos los chilenos. Por eso es clave sancionar con fuerza a quienes cometan este tipo de fraudes. Además, para evitarlos, el Estado termina sumando trámites y burocracia para realizar los pagos, lo que perjudica a los chilenos honestos. Es decir, terminan pagando justos por pecadores", cerró.
El diputado Héctor Barría (DC), en tanto, pidió que los antecedentes sean investigados y que quienes eventualmente hayan cometido irregularidades sean sancionados, pero advirtió que ello no debería utilizarse para poner en duda el proceso de pago de la deuda histórica.
"Esperemos que esto se investigue y se sancione como corresponde. Efectivamente, nos enteramos hoy, bien temprano, que se han utilizado nombres de profesores fallecidos para, entre comillas, pelear por el pago de la deuda histórica. Nos parece una situación de verdad detestable, quien se haya estado aprovechando de una situación así merece las mayores sanciones", afirmó.
Con todo, Barría enfatizó que "eso no puede detener, porque no vaya a ser que comiencen con los famosos hallazgos, justificación que, en definitiva, llevan a que una entrega de recursos para los profesores, en este caso, que se les quedó debiendo la deuda histórica, se detenga". Y agregó: "Hay profesores de muy alta edad, profesores enfermos que dieron todo por la educación, y hoy día se esté buscando a veces esta especie de justificación para no pagarles".
En la misma línea, la diputada del Frente Amplio Emilia Schneider sostuvo que el caso debe ser revisado "con detalle" y llamó al Ministerio de Educación a utilizar las herramientas disponibles para fiscalizar el proceso.
"Creo que el proyecto de ley que legislamos en este Congreso y lo que se trabajó en el gobierno anterior dejó muy claro que aquí nadie se puede pasar de listo. También dejó muy en claro en qué circunstancias esto pasa a la familia. Entonces, creo que aquí lo que corresponde es que el Ministerio de Educación haga bien su trabajo", afirmó.
Schneider agregó que la cartera "tienen todas las herramientas para fiscalizar esto y que la deuda histórica, el pago y la reparación de la deuda histórica llegue a quienes corresponde, que son las y los profesores de Chile a quienes la dictadura les arrebató beneficios, derechos laborales".
En ese sentido, la diputada cuestionó que los casos detectados puedan utilizarse para modificar el proceso de reparación. "Que nadie se pase de listo, pero tampoco el ministro Quiroz. Esto no es motivo para hablar ni de fraude social ni de que hay que retroceder en el pago de la deuda histórica. Eso lo vamos a seguir defendiendo tal como defendemos la transparencia y la probidad y el buen uso de los recursos públicos", sostuvo.
Por su parte, el diputado Juan Santana (PS) también condenó que eventuales pagos pudieran terminar en manos de personas que no cumplen con los requisitos, pero pidió separar esos casos del objetivo de la política de reparación.
"Naturalmente, nadie va a estar de acuerdo en que un beneficio como este, que fue además tramitado en la Cámara de Diputados, más que beneficio, es una medida reparatoria contra aquellos docentes a quienes se le anunció durante la década de los 80 un anuncio salarial, un aumento salarial, y que posteriormente el mismo Estado no fue capaz de responder", señaló.
Santana sostuvo que "no vamos a estar jamás de acuerdo en que este monto se le cancela a una persona que naturalmente no lo amerita o que en este caso son listas de fallecidos", pero remarcó que ello "no significa enlodar o empantanar una medida reparatoria que fue ampliamente respaldada al interior del Congreso Nacional".
