Luego de que el Gobierno anunciara que no perseverará con su reforma constitucional en materia de seguridad, los senadores que impulsan la iniciativa que la reemplazará dieron algunos detalles del contenido del texto.
El proyecto fue elaborado por los senadores Arturo Squella (P. Republicano) y Andrés Longton (RN), en colaboración con el senador Pedro Araya (PPD) y el presidente de la comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta, Karim Bianchi (Ind). Luego se sumó Iván Flores (DC), futuro presidente de dicha instancia.
Según explicaron los legisladores, la iniciativa tendrá tres ejes principales: elevar a rango constitucional el tratamiento del crimen organizado, segregar correctamente la población penal y ajustar el actual estado de excepción.
"Hoy compartimos con el Gobierno el contenido del proyecto de reforma constitucional que venimos trabajando junto a un grupo de senadores, para avanzar en el marco constitucional que se requiere para combatir el crimen organizado (...) El gobierno quedó de estudiar nuestra propuesta, pero en términos generales se ve bastante conforme con sus contenidos, teniendo en cuenta el contexto general de la agenda de seguridad", dijo el senador Squella a Emol.
Mientras que Longton resaltó que "presentamos una reforma constitucional para darle más herramientas al Estado y al Gobierno que venga, para poder enfrentar de mejor manera el crimen organizado y el narcotráfico (...) Así que es una buena noticia y esperamos en las próximas horas poder formalizar la presentación de este proyecto para que el Gobierno pueda retirar la suya, entendiendo que ya hay una sintonía clara respecto a los contenidos de la reforma".
Crimen organizado
Sobre el primer eje, el senador Araya señaló que busca "establecer una condena al crimen organizado como una forma que atenta contra la convivencia democrática, que atenta contra los derechos humanos y el funcionamiento del Estado".
Por su parte, Flores explicó que "nos estamos concentrando en elevar (al crimen organizado) a rango constitucional, al mismo nivel de la ley antiterrorista (...). Hoy día tenemos el terrorismo elevado a rango constitucional y ahora estamos colocando el crimen organizado".
Segregación penal
El segundo punto que contiene la reforma tiene que ver con la separación de la población penal en relación al grado de peligrosidad de los internos.
Al respecto, Araya sostuvo que se busca "otorgar facultades para que Gendarmería pueda establecer la segregación de la población penal y evitar lo que ocurre día a día en distintos tribunales, en que Gendarmería decide que un reo de alta peligrosidad debe estar en tal o cual penal y por resolución judicial es trasladado muchas veces a recintos penales que no tienen las condiciones de seguridad adecuada".
Flores, en tanto, detalló que "lo segundo es que el régimen penitenciario diferido, tratándose de miembros de organizaciones criminales, puedan ser efectivamente sacados de la posibilidad de seguir interviniendo dentro de las cárceles y para los internos".
"Nosotros estamos diciendo que aquellas personas que hoy día estén privadas de libertad como medida cautelar, o aquellos que estén condenados por pertenecer a una organización criminal, efectivamente queden segregados. Porque sino, desde adentro y mezclado con los demás internos, van a seguir operando. Y la idea es que no puedan seguir actuando, conduciendo organizaciones criminales desde adentro de las cárceles, ni para afectar a los internos, ni tampoco para seguir haciendo la pega hacia afuera de las cárceles. Necesitamos aislarlos", acotó.
Ajustes al estado de emergencia
Por último, la iniciativa considera modificaciones al actual estado de emergencia, incorporando la figura de la amenaza a la seguridad pública.
En ese sentido, Araya explicó que "se mantiene el actual estado de emergencia, no se tocan las facultades del Presidente de la República, así como tampoco las garantías constitucionales que se pueden afectar. La novedad que tiene es que se permite que este estado sea decretado por 30 días y que el Congreso Nacional lo puede revocar en cualquier instante. Y además se permite que en caso de grave alteración del orden público o de una amenaza a la seguridad, el Presidente de la República pueda decretar preventivamente el estado de excepción".
Según dijo, "obviamente no tiene ninguna lógica esperar que se produzca por ejemplo el ataque de una banda de narcotraficantes a una población si el Presidente está en conocimiento. El estado de excepción, si se aprueba esta norma, va a poder decretarlo con anterioridad a fin de prevenir los problemas que se generarían".
Mientras que Flores manifestó que "se trata, digamos, de una alternativa para que el mismo estado de excepción que hoy día ocupamos para la macrozona sur, el mismo estado o la condición que nos permite recurrir a recursos del Estado, que no son tradicionales, puedan ser llamados para poder trabajar en contra del crimen organizado. Pero eso no modifica sustantivamente las condiciones de hoy".
Bianchi: "No es la varita mágica absoluta"
El senador Bianchi, presidente de la comisión de Seguridad, dijo valorar la elaboración conjunta del proyecto, pero reconoció que es insuficiente para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.
"Creo que el problema de seguridad es mucho más que un problema constitucional, es un problema de gestión, es un problema de recursos, es un problema de una serie de iniciativas legales que pasan a segundo plano porque de una forma u otra se ha concentrado esto dado el mal proyecto que presentó el Gobierno en su minuto, se concentró en esto que tenía incluso atisbos antidemocrático. La verdad que yo creo que presentar un proyecto de esta magnitud no es el cambio que Chile necesita en materia de seguridad ni es la varita mágica absoluta, es un elemento más", aseguró Bianchi a Emol.
Y puntualizó: "¿Por qué yo concurro con mi firma y concurro a hacer aportes a estas modificaciones? Porque me puedo quedar en la vereda de enfrente criticando como todos hoy día lo están haciendo respecto a que no está su firma, a que no es lo que ellos en un momento presentaron, pero también está un país que está hastiado de que no se avance en materia de seguridad, que ve cómo mueren carabineros, que ve cómo no cambia nada y seguramente esto tampoco es el cambio absoluto, pero yo tengo que hacer todo lo posible por viabilizar los cambios, tengo que hacer todo lo posible porque se den hoy día herramientas de consenso".
"Hoy día yo estoy firmando esto esperando que haya un consenso no sólo en materia constitucional, sino que haya un consenso en materia de presupuesto, sino que haya un consenso en lo que hicimos por ejemplo en materia de las Reglas del Uso de la Fuerza, un consenso en que saquemos iniciativas legales rápido porque esto está por sobre un tema particular, un tema de partido, un tema de bando, esto es un tema de Estado y por tanto, en mi calidad más que de senador independiente, de presidente de una comisión que es la de Seguridad, es que yo quiero viabilizar los cambios y si esto suma o destraba, como creo que lo va a hacer, bienvenido sea para que así nos dejemos de hablar tanto de una reforma en particular y podamos ver todo lo colectivo", concluyó.
