El cuidado y uso eficiente de los recursos públicos aparece como uno de los ejes del proyecto de ley de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.
La iniciativa, que este martes inició su tramitación en el Congreso, busca priorizar el gasto en un escenario de recursos limitados, trasladando fondos desde áreas consideradas menos prioritarias hacia prestaciones de mayor impacto.
El proyecto también apunta a contener el crecimiento de la deuda y avanzar en la reducción del déficit fiscal. Para 2027, establece una meta de déficit estructural de 1,8% del PIB, un punto porcentual por debajo del 2,8% fijado para este año.
"Hace seis meses recibimos un Estado que llevaba más de una década gastando más de lo que recibía. Es lo mismo que le pasa a una familia. Cuando el sueldo no alcanza, primero se echa mano a los ahorros, y cuando los ahorros se acaban, se pide prestado. Chile gastó buena parte de sus ahorros y cada año tuvo que endeudarse más", señaló el Presidente Kast en la cadena en que anunció el Presupuesto.
En esa línea, el proyecto contempla al menos cinco disposiciones orientadas a reforzar el control y uso de los recursos públicos.
Empleo público
El proyecto establece que durante 2027 solo podrá reponerse un cupo por cada tres vacantes que se produzcan en los servicios públicos que tengan fijada una dotación máxima de personal, cuando estas vacantes se originen, entre otros motivos, por jubilación o retiro.
Además, la reposición estará condicionada a que la institución cuente con disponibilidad presupuestaria suficiente.
La propuesta también contempla un mecanismo de control sobre los cargos a honorarios. Hacienda podrá modificar durante el primer trimestre el límite máximo de personas contratadas bajo esta modalidad, previa solicitud de los servicios, y posteriormente deberá informar al Congreso sobre el ejercicio de esta facultad, incluyendo si los cupos corresponden a asesores de autoridades.
Restricción de viajes
A esto se suma una serie de restricciones a los viajes y comisiones de servicio. El proyecto establece que estos deberán reducirse a aquellos imprescindibles para las tareas institucionales y fija en un máximo de dos personas por actividad para las comisiones en el extranjero, salvo autorización excepcional de la Dirección de Presupuestos.
En el caso de ministros, las comitivas podrán contemplar un acompañante y, excepcionalmente, un segundo, previa autorización; para el canciller, el máximo será de tres personas.
Además, cada servicio público deberá entregar a la Dipres, a más tardar el 31 de enero de 2027, un plan anual de viajes al extranjero, el que tendrá que ajustarse al presupuesto aprobado. Cualquier modificación deberá realizarse sin implicar un mayor gasto.
Celebraciones
Otra de las disposiciones apunta a gastos asociados a celebraciones institucionales. El artículo 45 establece que los ministerios y servicios públicos no podrán realizar celebraciones generales ni aniversarios que impliquen desembolsos fiscales.
Las excepciones contempladas son las embajadas y consulados en el extranjero para la conmemoración del Día de la Independencia Nacional y aquellos organismos que celebren su primer centenario.
Proyección a cinco años
Otro de los cambios que impulsa el Gobierno apunta a ampliar el horizonte con que los ministerios proyectan sus gastos. Hasta ahora, la formulación del Presupuesto se concentraba principalmente en los recursos para el año siguiente, pese a que algunas decisiones pueden generar compromisos fiscales por varios años.
El proyecto establece que los ministerios deberán proyectar sus necesidades de gasto para los cinco años siguientes. Esto no significa que los recursos queden aprobados para todo ese período, sino que se deberá considerar el costo futuro de las decisiones que se adopten en cada ejercicio presupuestario.
Gobiernos regionales
El criterio de mayor control del gasto también alcanza a los gobiernos regionales, lo que generó molestia de los gobernadores.
La Partida 31 contempla para 2027 un presupuesto total de $1,8 billones, de los cuales $1,65 billones corresponden a transferencias de capital destinadas a inversión.
Sin embargo, el diseño incorpora un mecanismo para que los gobiernos regionales puedan acceder a recursos adicionales si demuestran capacidad de ejecución.
En concreto, podrán solicitar fondos al Ministerio de Hacienda si a julio de 2027 alcanzan una ejecución de al menos 50% del subtítulo 31 de su programa de Inversión Regional. En ese caso, podrán recibir recursos para nuevas iniciativas u otras que se encuentren sin financiamiento, con un crecimiento de hasta 7% respecto del presupuesto inicial de 2026, corregido por inflación.
Respecto a la discusión presupuestaria, el gobernador de Valparaiso, Rodrigo Mundaca, lamentó que "Si nosotros tuviéramos una ley de rentas regionales, que duerme en el Congreso desde hace dos años, que dejara tributos en la región por la explotación de los recursos naturales, no estaríamos en esta discusión".
La visión de los parlamentarios
Desde la oposición, el senador Diego Ibáñez (FA) cuestionó el nivel de inversión pública contemplado en el proyecto y sostuvo que las medidas de control del gasto podrían terminar afectando la reactivación económica. "Hoy tenemos una inversión pública miserable, de cerca de un 1,5%. Se prometió que este iba a ser el presupuesto de las grandes inversiones. Eso no lo estamos viendo", afirmó.
La senadora Yasna Provoste (DC), en tanto, planteó que el eje de la discusión debería estar puesto "en la generación de empleo y la inversión pública" y puso énfasis en los recursos destinados a las regiones y su impacto en municipios y familias.
"Estas medidas van en la dirección correcta, porque la discusión no puede reducirse solamente a cuánto gasta el Estado, sino a cómo estamos gastando la plata de todos los chilenos y si efectivamente estamos atendiendo sus verdaderas prioridades"
Diputado Riquelme
Con todo, Provoste aseguró que su sector respaldará las medidas orientadas al control del gasto, aunque cuestionó que estas puedan terminar desplazando la discusión sobre las prioridades sociales. "Nosotros vamos a respaldar todas aquellas medidas que dicen relación con el control del gasto, como se ha venido haciendo en gobiernos anteriores. Pero ¿cree eso no es la distracción? Para señalar en que este presupuesto no está colocando el énfasis en las necesidades de las y los chilenos", señaló.
Desde el oficialismo, el diputado Alejandro Riquelme (Republicanos) valoró las medidas y sostuvo que la discusión no debe centrarse únicamente en cuánto gasta el Estado, sino también en cómo se utilizan esos recursos. "Estas medidas van en la dirección correcta, porque la discusión no puede reducirse solamente a cuánto gasta el Estado, sino a cómo estamos gastando la plata de todos los chilenos y si efectivamente estamos atendiendo sus verdaderas prioridades", afirmó.
Riquelme destacó particularmente las restricciones al crecimiento del empleo público, los límites a viajes y celebraciones y la planificación de los recursos con una mirada de largo plazo. También consideró razonable que los gobiernos regionales deban demostrar una adecuada ejecución para acceder a mayores recursos, aunque pidió considerar las particularidades de cada territorio. "La responsabilidad fiscal no consiste simplemente en gastar menos: consiste en gastar mejor, terminar con los despilfarros y asegurar que cada peso de todos los chilenos llegue donde realmente se necesita", sostuvo.
Por su parte, el diputado Roberto Arroyo (PDG) coincidió en la necesidad de ordenar las cuentas públicas, pero llamó al Ejecutivo a evitar que el esfuerzo fiscal termine afectando a las regiones. "Ordenar las cuentas públicas y controlar el gasto es necesario, pero hago un llamado al Gobierno a que este esfuerzo no termine nuevamente postergando al Biobío", señaló, apuntando a la necesidad de contar con recursos para hospitales, conectividad, transporte, seguridad y generación de empleo.
Arroyo agregó que la planificación a cinco años debiera servir también para destrabar proyectos que llevan años esperando financiamiento. "Necesitamos responsabilidad fiscal, sí, pero con una mirada regional: el ajuste no puede hacerse a costa de las regiones que necesitan inversión para crecer y mejorar la calidad de vida de sus familias", concluyó.
