Los senadores Pedro Araya (PPD), Arturo Squella (Republicanos), Andrés Longton (RN), Karim Bianchi (IND) e Iván Flores (DC) ingresaron este miércoles la nueva reforma constitucional en materia de seguridad, iniciativa que busca entregar mayores herramientas al Estado para enfrentar el crimen organizado y que reemplaza la propuesta que había impulsado originalmente el Gobierno.
El proyecto contempla tres ejes principales: incorporar expresamente el crimen organizado a la Constitución y equiparar, en determinadas materias, su tratamiento al del terrorismo; establecer regímenes penitenciarios especiales para personas condenadas o sujetas a prisión preventiva por delitos de crimen organizado y terrorismo; y modificar el actual Estado de Emergencia para permitir una reacción preventiva frente a amenazas graves e inminentes.
Uno de los cambios centrales está en el artículo 9° de la Constitución. La propuesta establece que "el terrorismo y el crimen organizado" son por esencia contrarios a los derechos humanos y entrega a la ley la determinación de los delitos que constituirán crimen organizado para efectos de esta norma. Asimismo, permite aplicar determinadas inhabilidades y restricciones vinculadas al estatuto constitucional del terrorismo, atendiendo a la gravedad del delito y a la posición que ocupe el responsable dentro de la organización.
En materia penitenciaria, el texto habilita la creación de un régimen especial de seguridad para condenados o personas en prisión preventiva cuando sea necesario impedir la continuidad de actividades criminales desde los recintos penitenciarios, la mantención de vínculos con organizaciones criminales o terroristas o afectaciones a la seguridad de las cárceles.
Entre las medidas se contempla la separación del resto de la población penal y restricciones a las comunicaciones, visitas y beneficios intrapenitenciarios, de acuerdo con lo que establezca la ley.
Estado de Emergencia
El tercer eje apunta al Estado de Emergencia. La propuesta no crea un nuevo estado de excepción, sino que modifica el actual artículo 42 para incorporar como causal el "peligro grave e inminente para el orden público", además del grave daño, actual o inminente, para la seguridad de la Nación. El Presidente podrá decretarlo por un período máximo de 30 días y cualquier prórroga requerirá el acuerdo del Congreso.
Además, el proyecto establece que el Ejecutivo deberá informar al Congreso, al menos cada 15 días, sobre las circunstancias que justifican la mantención del Estado de Emergencia, las medidas adoptadas y sus resultados. El Congreso, a su vez, podrá dejar sin efecto la declaración o cualquiera de sus prórrogas durante su vigencia, bajo las condiciones establecidas en la reforma.
Durante la presentación, Araya enfatizó que el objetivo es alcanzar un acuerdo transversal en torno a la seguridad. "Primero queremos recalcar que aquí no ha ganado ni el Gobierno ni ha ganado la oposición, lo que se ha logrado es aunar voluntades para enfrentar un problema que tiene Chile como lo es el crimen organizado", señaló.
El senador PPD hizo además un llamado a sus pares de centroizquierda a respaldar la propuesta. "Esperamos que una vez que se conozca este proyecto, especialmente los senadores de la centro izquierda puedan leerlo con detención, analizarlo en su mérito y votarlo a su favor", sostuvo, apuntando especialmente a la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en tareas de orden público y seguridad.
Longton, en tanto, explicó que "el eje del proyecto se reduce básicamente en tres puntos": el tratamiento constitucional del terrorismo y el crimen organizado, la segregación de personas privadas de libertad vinculadas a organizaciones criminales y el perfeccionamiento del Estado de Emergencia. Sobre este último punto, destacó que se busca que una amenaza pueda ser considerada antes de que el problema de seguridad llegue a materializarse.
"Tenemos un elemento adicional que no necesariamente el problema se está produciendo sino que hay riesgo de que se produzca, particularmente por informes de inteligencia, investigaciones del Ministerio Público, etcétera", afirmó. El senador RN agregó que el Presidente podrá decretar el Estado de Emergencia por 30 días, tras lo cual cualquier extensión deberá pasar por el Congreso, mientras que durante ese período el Parlamento también podrá dejarlo sin efecto.
Flores, por su parte, subrayó el carácter transversal de la iniciativa y marcó distancia con el proyecto original del Ejecutivo. "Los aquí autores de este nuevo proyecto, dado que el proyecto del Gobierno no tenía respaldo político ni tampoco tenía ninguna posibilidad de flotar, este es un proyecto nuevo, diferente, acotado, preciso, práctico, en donde cada uno de los autores tenemos domicilio político conocido", sostuvo.
Elevar combate
El senador DC planteó que la reforma busca elevar el combate contra el crimen organizado a una política de Estado. "Lo que estamos haciendo aquí es que frente al avance del crimen organizado sin contrapeso, donde necesitamos elevar el rango de la preocupación nacional, estamos llevando tres condiciones que deben estar en la Constitución Política de la República para que sea una obligación de Estado, independientemente del Gobierno que tenga que administrar ese Estado", afirmó.
La iniciativa también establece disposiciones transitorias para regular la aplicación de los nuevos regímenes penitenciarios y las consecuencias constitucionales asociadas al crimen organizado, mientras que los estados de emergencia que ya se encuentren vigentes al momento de publicarse la reforma continuarán rigiéndose por las normas bajo las cuales fueron declarados hasta el término de su período.
El ingreso del proyecto se produce después de que el Gobierno resolviera no perseverar en su propia reforma constitucional de seguridad y respaldara la nueva fórmula trabajada por los cinco senadores. El Ejecutivo había señalado que la iniciativa alternativa recoge sus principales objetivos en materia de combate al crimen organizado, segmentación penitenciaria y perfeccionamiento de los estados de excepción.
