En el pasado parecen haber quedado las diferencias que gatilló la reforma de seguridad impulsada por el Gobierno y de la cual éste finalmente desistió. En su lugar, será reemplazada por un proyecto impulsado por senadores del oficialismo y la oposición.
De hecho, este miércoles los senadores Pedro Araya (PPD), Arturo Squella (Republicanos), Andrés Longton (RN), Karim Bianchi (IND) e Iván Flores (DC), ingresaron la nueva reforma constitucional en materia de seguridad, con el fin de enfrentar de mejor manera el crimen organizado.
La iniciativa incorpora expresamente el crimen organizado a la Constitución y equipara, en determinadas materias, su tratamiento al del terrorismo. Además, establece regímenes penitenciarios especiales para personas condenadas o sujetas a prisión preventiva por delitos de crimen organizado y terrorismo. Y modifica el actual Estado de Emergencia para permitir una reacción frente a amenazas graves e inminentes.
"Lo que estamos haciendo aquí es que frente al avance del crimen organizado sin contrapeso, donde necesitamos elevar el rango de la preocupación nacional, estamos llevando tres condiciones que deben estar en la Constitución Política de la República para que sea una obligación de Estado, independientemente del Gobierno que tenga que administrar ese Estado", comentó el senador Flores al presentar la propuesta.
Saldo a favor
El ingreso del proyecto es visto como un logro en el oficialismo, luego del transversal rechazo que la reforma del Gobierno había generado, incluso en sus filas. Fueron los senadores Longton y Squella, quienes tomaron la iniciativa y apuntaron a generar una propuesta nueva que pueda contar con apoyos también en la oposición.
En ese contexto, Roberto Munita, analista político y director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello, cree que sin duda, ambos senadores pueden ser vistos como "los ganadores" de esta ocasión, sumando además al senador Araya, quien concretó los primeros acercamientos con ellos.
"Los tres lograron demostrar que no sólo había que criticar una mala propuesta, sino que era necesario generar los acuerdos necesarios para proponer algo distinto. Y ahora, como al parecer se estaría sumando la DC, le entregan al Ejecutivo una base sólida para promover esta nueva reforma en el Congreso", dijo Munita.
Para César Miranda, investigador del Instituto Libertad, "la lección es que en materia de seguridad la eficacia pesa más que la escala. Un proyecto acotado, técnicamente sólido y trabajado con quienes deben aprobarlo vale más que una reforma ambiciosa sin mayoría".
"En ese sentido, los senadores Squella y Longton salen fortalecidos, porque entendieron a tiempo que había que cambiar el método sin abandonar el objetivo, y convirtieron un eventual traspié del Gobierno en una oportunidad de acuerdo transversal", coincidió Miranda.
Por su parte, Aldo Cassinelli, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma, cree que "la clave está en evaluar la trazabilidad completa del proceso. En esto, José García Ruminot, tuvo un rol determinante para contener la propuesta original e impulsar el trabajo prelegislativo que derivó en la iniciativa robusta que vemos hoy, fruto del aporte de senadores como Andrés Longton, Arturo Squella, Iván Flores y Carlos Bianchi".
A su juicio, "esta gestión vuelve a posicionar al ministro de la Segpres en el lugar que le corresponde como interlocutor natural entre el Congreso y el Ejecutivo. Además, demuestra que la habilidad política y la capacidad de negociación resultan fundamentales para sacar adelante proyectos transversales, relevantes y complejos en una materia tan prioritaria para el país y para el corazón del propio Gobierno".
Junto con poner el foco en un acto no mencionado antes, como el ministro García Ruminot, Casinelli, dijo que "si el Gobierno logra sacar adelante el proyecto, independientemente de quiénes sean los autores de la norma, será un gran triunfo o, al menos, le permitirá mostrar un avance en su principal tema de campaña, donde la población más le demanda acciones concretas".
Lo anterior, según cree, siendo que paradójicamente ésta es el área "donde ha tenido más problemas, más allá del cambio de ministro y de un proyecto maximalista".
Por ello, Casinelli precisó, que "al presentar el proyecto y lograr eventualmente su aprobación, el Gobierno saca adelante una iniciativa que llena el vacío que tenía hasta el momento en seguridad, su principal bandera y donde claramente se encontraba en déficit".
Los que perdieron
Al contrario, Munita cree que se pueden considerar como perdedores en esta pasada, a quienes "intentaron perseverar en el quinto estado de excepción, incluso después de que distintos constitucionalistas y la misma opinión pública se mostrara en contra. Se entiende que muchas veces hay lealtades con el Gobierno que hay que mantener, pero a veces el mejor apoyo que se le puede dar a La Moneda es criticar con respeto y proponer algo distinto. Hay una delgada línea entre ser disciplinado y ser obsecuente".
En la misma línea, Miranda coincide en que "el Gobierno paga un costo en lo inmediato, pero tuvo la madurez de privilegiar el resultado por sobre el orgullo de autoría, lo que no es poco en la política chilena".
Miranda además opinó que quienes quedan en una posición "más incómoda", son aquellos para quienes apoyar, "depende más de su frente interno que del mérito del proyecto".
"El ministro Arrau tiene una oportunidad tremenda de demostrar que su cartera puede conducir la agenda legislativa que viene. La senadora Vodanovic enfrenta un dilema más complejo, porque negarle los votos por presiones de su partido sería difícil de explicar a una ciudadanía que pide resultados y no cálculo partidario. La pregunta de fondo para la oposición es si quiere ser parte de la solución o si prefiere negarle al Gobierno cualquier logro, aunque eso signifique postergar herramientas que el país necesita con urgencia", finalizó Miranda.
Como sea, la nueva reforma de seguridad tiene todavía un largo camino por delante, pues deberá comenzar recién su tramitación en el Congreso. Recién ahí se verá, si logrará esta vez concluir con una aprobación.
