Como "gravísimo" calificó el fiscal nacional, Ángel Valencia, las condiciones del uso de recursos del Ministerio Público a autorizaciones y controles de la Dirección de Presupuestos (Dipres) en el marco de la discusión del Presupuesto 2027.
De acuerdo a la partida 23 del proyecto, el Ministerio Público aumenta 13,9%, desde $295.375 millones a $336.312 millones, con nuevos recursos para la Fiscalía Supraterritorial y el Plan FOCO.
Sin embargo, fue ayer en la tercera sesión de la Subomisión de Presupuestos que el jefe del Ministerio Público cuestionó que el proyecto ingresado por la administración de José Antonio Kast establece límites para recursos como horas extraordinarias, viáticos dentro y fuera de Chile, capacitaciones y determinados convenios y contrataciones.
Así, en algunos casos la Fiscalía tendría que pedir autorización o entregar antecedentes a Dipres para poder ejecutar o modificar determinados gastos.
Valencia afirmó ayer en la sesión que "si me parece grave lo del problema presupuestario, esto me parece gravísimo. Una de las herramientas más frecuentes que tienen los gobiernos para intervenir en las decisiones que toman los ministerios públicos, esto a nivel regional, que normalmente son autónomos, es el control presupuestario; el castigo presupuestario o el premio presupuestario".
"Yo parto de la buena parte de la fe y soy sincero (... ) Yo entiendo que aquí se está tratando de pensar desde el punto de vista de la eficiencia, pero no se está advirtiendo la consecuencia. El riesgo de esto es que si en algún momento yo necesito tomar una decisión de mandar algunos fiscales a Colombia, y me falte plata, tenga que ir a la Dipres a pedirle la autorización", explicó.
Y cuestionó: "¿Cómo le explico si tengo reserva legal y la Dipres no es interviniente? (...) ¿Y si tengo la prohibición expresa incluso hasta de hablar de la existencia de la investigación y el Ministerio de Hacienda no es interviniente?".
"Uno no puede prever cuánto va a necesitar, y si necesitamos gastar un poco más en viáticos, ¿cómo voy a tener que ir a hablar a la Dipres para decirle que necesito más plata? O sea, no es un problema de montos solamente (...) es un tema con proteger la autonomía constitucional del Ministerio Público a la que nos dedicamos", agregó.
Valencia afirmó que "por eso es que no existen estas restricciones y se establece esta protección del presupuesto, porque al final del día cada recurso que nosotros destinamos, salvo a situaciones menores, están destinados precisamente a financiar el desarrollo de causas o de investigaciones que están protegidas por ley".
"Se entiende que estamos en un contexto en el cual se está intentando tener un mejor mayor control del gasto. Nosotros no somos una institución que tengamos problemas en ese sentido. Normalmente ejecutamos el año pasado, ejecutamos el 98% del presupuesto (...) Esto no es un problema de descontrol del gasto, y sin embargo, se puede que puedo entender el propósito general, pero esto afecta la autonomía constitucional y hay que cuidarla", subrayó.
El fiscal nacional afirmó que "el Ministerio Público es constitucionalmente autónomo principalmente con dos propósitos, el primero para poder investigar la corrupción con mayor libertad y segundo, para poder evitar que cualquier gobierno, ya que los gobiernos van cambiando, pueda ocupar el Ministerio Público para perseguir preferentemente a los opositores, para poder tener la independencia y la imparcialidad necesaria para llevar adelante investigaciones que sean apropiadas".
Valencia sostuvo que "abrir esta ventana puede provocar después en el futuro consecuencias que probablemente no deseamos".
