La antesala para esta entrevista fue de suspenso. Debió aplazarla porque ocupó casi todas sus energías en apagar el incendio que se desató entre sus funcionarios del
Sename hace casi dos semanas y que amenazaba con hacer tambalear el sistema.
Y todo porque el 8 de junio entró en vigencia la polémica Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, norma que hará responsable de sus faltas y delitos a todos los adolescentes menores de 18 y mayores de 14 años y que pone fin a la criticada figura del discernimiento.
Paulina Fernández se muestra confiada con que las cosas van a funcionar; que los centros diseñados cumplirán adecuadamente su labor; que los funcionarios y programas lograran acometer con la difícil tarea de rehabilitación de adolescentes. Pero, al momento de la entrevista, no tenía una respuesta definitiva para la paralización que sacudía el servicio.
Dueña de una voz ronca y pausada, la directora del Servicio Nacional de Menores no se amedrenta frente a la posibilidad del fracaso y, es más, considera que la nueva normativa será promotora de cambios sociales importantes.
-¿Está todo listo para la entrada en vigencia de la ley penal juvenil?
“Está todo listo, principalmente, en lo que se refiere a la oferta programática y las condiciones mínimas en materia de infraestructura porque, claramente, toda implementación de ley requiere de un proceso incremental, ir de menos a más; requiere, en algunos casos, poder ir recuperando los años perdidos”.
-¿Cuánto tiempo se va a necesitar, entonces, para que todo el proceso esté asentado?
“Diferenciaría las cosas. Si se piensa en términos de infraestructura, eso va a requerir, en cuanto a la adecuación ideal, un par de años, porque los centros antiguos fueron construidos sin tener presente un modelo de intervención socio educativo para la rehabilitación y reinserción social. Cada uno tiene una estructura arquitectónica distinta y ahora que contamos con el modelo de intervención, eso debiera orientar los nuevos espacios, cuestión que requiere unos 2 o 3 años. Lo que hemos hecho en 2007, con una inversión de alrededor de 5 mil millones de pesos, es mejorar, remodelar y rehabilitar los centros en función de la ley y en el mismo sentido está el plan de inversiones 2008 a 2010”.
Aquí explica que a partir de la entrada en vigencia de la norma, en cada centro del Sename van a interactuar un conjunto de servicios del Estado en pos del objetivo de la rehabilitación. Es así como además de los profesionales del Sename, se sumarán los del Conace con los planes referidos al consumo de droga, el Sence con capacitación laboral, el Mineduc con los planes de reescolarización, cuestión que supone un esfuerzo mayor de coordinación.
Agrega que su servicio ha hecho su parte capacitando a la totalidad de su personal con un programa especial que se ideó con las universidades Diego Portales, Alberto Hurtado, Academia de Humanismo Cristiano y La Frontera, porque hay claridad de que se va a poner en marcha un modelo de gestión diferente al usado hasta hoy.
-Vamos a la ley, se acaba con la impunidad de los jóvenes, porque ahora serán imputables, y se termina con el discernimiento...
“Y también se garantiza el debido proceso. La ley es una respuesta a un compromiso internacional que Chile no había cumplido que tiene que ver con la Convención de los Derechos del Niño; por eso establece un catálogo de sanciones que amplía mucho más las posibilidades de rehabilitación de los chicos.
“Hoy, lo que se tiene, en términos de infractores de ley son los programas de intervención ambulatoria y los centros de rehabilitación conductal. Lo que se va a tener a partir del 8 de junio son cuatro medidas en medio libre que son reparación del daño, trabajo en la comunidad, libertad asistida y libertad asistida especial; el régimen semicerrado y los privativos de libertad que son para los delitos más graves. Por lo tanto, se tienen muchas posibilidades en términos de oferta programática para el cumplimiento de las sanciones, lo que es mucho más adecuado para las realidades delictuales que tienen los adolescentes”.
- La máxima sanción que se puede recibir son 10 años privado de libertad si se tienen 17 años y 5 si se tiene entre 14 y 16 años. ¿Está ley tiene puesta más la mirada en el victimario que en la víctima?
“Sí, porque creemos que los adolescentes se encuentran en una etapa de vida que nos hace tener la convicción –avalada por la experiencia internacional- de que efectivamente son altamente rehabilitables; son sujetos que están en proceso de desarrollo, de cambio, por lo tanto, son mucho más permeables y menos refractarios a los procesos de rehabilitación.
“Esto también se hace cargo del hecho de que esto (los delitos juveniles) puede tener su base en las desigualdades de origen que pueden existir en nuestra sociedad. O sea, estos chicos no han cometido delitos porque sí, sino que hay una serie de situaciones previas que llevaron a una determinada situación, por lo tanto, lo que uno hace en el modelo de intervención es sancionar, es decir,
tienes que hacerte responsable de tus actos de violencia y eso como sociedad ya no lo vamos a permitir, ya no habrá impunidad, pero por otra parte se reconoce que están en un proceso de desarrollo y tienen carencias que nadie ha reparado como abandono, maltrato, consumo de droga, deserción escolar.
“La mezcla de estos elementos hace que establezcamos que si son recursos para la inversión, que son un capital que podemos recuperar”.
-¿De qué universo estamos hablando?
“El porcentaje de adolescentes que cometen delitos muy graves es muy bajo, lo que esperamos para el primer año de funcionamiento de la ley es que alrededor del 80% de los jóvenes vaya a medidas abiertas y no más del 10% debiera ser sancionado por una medida privativa de libertad. Estamos hablando de un gran porcentaje de adolescentes que tienen problemas con la justicia, pero con los cuales se puede trabajar, con la familia, los sistemas educativos y otros, de manera que puedan estructura otro proyecto de vida y creer que la sociedad le está dando oportunidades”.
-¿Eso está basado en la realidad? Hay una percepción de que los jóvenes infractores tienen un alto compromiso delictual.
“A ver, lo que aparece ante la opinión pública es que los jóvenes delincuentes son los que cometen un hurto así como el que mata a otro. Sin embargo, el compromiso delictual lo marcan otros indicadores como la reincidencia, el consumo de alcohol y drogas, la deserción escolar y la inserción familiar. Los que tienen un bajo compromiso y son intervenidos, lo más probable es que no tiendan a delinquir de nuevo”.
-¿Se puede?
“Sí y con menores hemos tenido resultados ya. Lo complejo son los con alto compromiso delictual porque su proceso de acumulación de vida hace que, primero, ellos tengan ciertas decisiones tomadas como seguir una carrera delictual y, segundo, tengan desconfianza en la creencia de tener una calidad de vida distinta”.
-¿De qué cantidad de jóvenes estamos hablando?
“Los que cometen delitos graves que debieran ir a régimen privativo de libertad son un 10%, pero de ellos, no más de un 4 o 5% podrían alcanzar penas de 5 a 10 años. Si se ven las cifras de delincuencia, el grueso está centrado en quienes van a ir a medidas abiertas que son chicos de bajo y mediano compromiso delictual; algunos de ellos tienen aún cierta inserción educativa, de hecho las cifras indican que la mitad de los jóvenes que cometen delitos están en el sistema escolar, pero de manera precaria; los más cercanos a los 14 años tienen su escolaridad bastante más al día de los que son ya mayores. Por eso, el compromiso delictual tiene que ver con cuestiones etarios, donde los 16 a 17 años, que tienen mayor compromiso, presentan un retraso escolar importante y pasan la mayor parte del día en la calle. Hay que considerar también que gran parte de los chicos que cometen delitos lo hacen bajo el consumo de drogas y el alcohol”.
-¿Qué efectividad tendrán las medidas de régimen semicerrado en cuanto a que no haya quebrantamiento de la condena?
“La medida semicerrada no es un sistema de reclusión nocturna como se ha señalado, no es que vayan a dormir y en el día hacen lo que quieren y se les espera en la puerta a ver si llegaron. Es un sistema en que se tiene un equipo de trabajo donde alguien acompaña al joven, hay otro que hace de gestor de redes y ve sus procesos de rehabilitación; hay educadores dentro de los centros y si no puede ir a una escuela regular irá a los programas de escolarización interno; también hay psicólogos y asistentes sociales que harán seguimiento de los casos; habrá oferta de rehabilitación de drogas. Son sistemas que tienen un capital humano que no cumple la función de ser guardianes nocturnos y probablemente, el joven, no podrá, desde el primer día, hacer sus 8 horas de actividades fuera y se someterá a un proceso gradual”.
-¿Los centros y funcionarios están, de verdad, dimensionados para estas funciones?
“Los centros privativos de libertad tienen todos los funcionarios que tienen que tener para que empiece a operar la ley, ahora, todo es un proceso gradual y que relaciona con ver cómo va a operar la ley el segundo semestre. Además, vamos a implementar en paralelo equipos que van a ir monitoreando para tener una real dimensión de cómo se comporta en la práctica el modelo que se diseño respecto de recursos humanos y estándar de los programas”.
-¿Qué asegura que no va a haber un colapso como en los tribunales de familia?
“Lo aseguran los estudios de demanda y el flujo esperado; de la totalidad de jóvenes que atendemos hoy está en un 70 a 80% en medidas abiertas y eso no debiera variar. El estudio dice que en el primer año el sistema privativo de libertad no debiera tener una demanda mayor de un 20% a menos que los jueces se comporten en forma radicalmente distinto a lo que dice el estudio de demanda”.
-O sea, que fueran mucho más duros en la aplicación de sanciones.
“Sí... ahora, lo que uno ha escuchado en los jueces, defensores y fiscales de menores es que ellos esperan que la privación de libertad sea la última medida; por lo tanto, los supuestos que están en el estudio de demanda –que manejan Carabineros, Justicia, los actores del sistema- respecto del discurso y la aplicación de la ley es lo que vamos a observar este segundo semestre. A final de año vamos a hacer el ajuste de la matriz, porque no hay antecedentes previos que nos digan que los estándares se van a ajustar cien por ciento a la realidad”.
-Este sistema se basa en la rehabilitación. ¿Ello se logra si se tiene detrás una sociedad que es incrédula frente a ello?
“Eso es súper complejo y así como hemos trabajado en la implementación de la ley se debe ver cómo se trabajan procesos culturales de una sociedad que efectivamente den la posibilidad de que los adolescentes se puedan rehabilitar.
“En ese sentido, la política de seguridad pública que ha planteado el Gobierno es un importante instrumento, porque en paralelo con la ley, se postula una política de prevención del delito y que tiene que ver también con el cómo se empiezan a fortalecer los sistemas de protección de derechos. En eso la política de protección de la infancia referida a la ampliación de salas cunas o que los colegios tengan jornada completa es un factor protector que permite de alguna manera poder resguardar a los niños y detectar a mucha más temprana edad cuándo hay vulneración de derechos. En el sistema educativo es fácil detectar cuando un chico cambia de humor, llega descuidado, empieza a faltar sin motivo alguno y ésas son situaciones de negligencia que marcan los procesos de autoestima de los jóvenes. Estar alerta nos puede prevenir la configuración de situaciones que facilitan la participación de menores de edad en delitos”.
En esto, Paulina Fernández se explaya porque el tema realmente la apasiona. “Los cambios culturales son procesos más lentos; además se tiene que ver qué pasa con las víctimas. Las experiencias de reparación del daño nos pueden dar luces de cómo abordar en términos más culturales y sociales elementos que permitan facilitar los procesos de rehabilitación y reinserción social. Las políticas de infancia y seguridad debieran ir previniendo que los más chicos se inicien en la carrera delictual, pero además, cuando uno le muestra a la sociedad que se deben abordar ciertos problemas, que se debe ser más tolerante y aceptar las diferencias se podrá tener una generación distinta”.
“Esto tiene que ver con cómo la democracia se expresa en las relaciones cotidianas”, sentencia.
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