BOGOTA.- El gobierno colombiano ejercía el miércoles una fuerte presión sobre la guerrilla marxista de las FARC para que se pronuncie sobre el secuestro del vicepresidente de la Federación local de Fútbol (FCF), Hernán Mejía Campuzano, en un intento de última hora por salvar la sede de la Copa América.
Los funcionarios realizaban esas gestiones mientras los dirigentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmaban que el torneo está suspendido mientras no se libere al dirigente, cuyo plazo dado por la Conmebol vencerá el próximo 2 de julio.
El alto comisionado para la paz del Ejecutivo, Camilo Gómez, dijo que pedirá a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, 16.500 combatientes) que digan si son las autoras del secuestro de Mejía Campuzano y que, en caso de que lo admitan, lo liberen pronto.
