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Dragicevic queda detenido en Capuchinos

Tras declarar por más de tres horas ante la titular del 33° Juzgado del Crimen de Santiago, el ex presidente de Colo Colo quedó privado de libertad debido a una querella por evasión de impuestos interpuesta en su contra por el SII.

11 de Julio de 2002 | 17:22 | EMOL
SANTIAGO.- "Soy el responsable absoluto y si con esto puedo liberar al resto, lo hago". Luego de esas palabras y de declarar por más de tres horas y 45 minutos ante la titular del 33° Juzgado del Crimen de Santiago, Eleonora Domínguez Dellepiane, el ex presidente de Colo Colo Peter Dragicevic Cariola quedó detenido en el Anexo Cárcel Capuchinos acusado de evasión tributaria por el Servicio de Impuestos Internos.

Tras las declaraciones hechas por Dragicevic, donde el ex directivo arguyó que en el marco legal del fútbol chileno ni siquiera está claro cómo deben hacerse dichas contribuciones y que para ello deben concertarse muchas personas para realizarla -lo que no habría ocurrido en la institución colocolina porque en ningún momento se pusieron de acuerdo, dirigentes, jugadores, gerentes y funcionarios-, Dragicevic fue conducido al recinto carcelario donde deberá esperar la decisión de la jueza Domínguez para ver si puede salir en libertad bajo fianza, como lo hizo el miércoles el ex dirigente Martín Hoces, quien es procesado por la misma causa.

"Peter está en Capuchinos y fue sometido por la titular del 33° Juzgado como autor de la hipótesis del numeral 4 del artículo 97 del Código Tributario, esto es por fraude tributario. Ahora debemos ver las alternativas procesales que tenemos para impugnar esta resolución y una podría ser apelar del autoprocesamiento y otra ir de amparo", dijo el abogado del ex timonel, Luis Arévalo.

La querella contra Dragicevic, Hoces, Gabriel Artigues y Jorge Vergara Núñez fue interpuesta el 6 de abril de 2002 por 2.801 millones de pesos y, por ley, en caso de comprobarse responsabilidad penal, los aludidos arriesgan ir a prisión por hasta cinco años y al pago de una pena pecuniaria de entre el 50 y 300 por ciento del monto adeudado en virtud de los procedimientos dolosos destinados a evadir impuestos.

El proceso no se refiere a lo verificado por la Tesorería General de la República, sino que a evasión vinculada a contratos privados, la que supone cantidades de dinero ni siquiera declaradas.