ROMA.- El principal acusado en el escándalo que envuelve al fútbol italiano, el ex director general de la Juventus, Luciano Moggi, no se presentó ante el encargado de la investigación de la Federación de Fútbol, el ex fiscal de Milán Francesco Saverio Borrelli.
Las cosas se complican para Borrelli, visto que las personas que parecen implicadas en este escándalo no tienen intenciones de declarar que existía un sistema de corrupción, y aún peor, la persona que presuntamente se encargó de crear está "cúpula", Moggi, no se presentó.
Moggi envió un fax a Borrelli en el que decía que como ya no formaba parte de la Federación, ni del mundo del fútbol, visto que dimitió de su cargo en mayo, no creía necesario presentarse ante ningún fiscal de la Federación.
Borrelli continuó sus interrogatorios que en estos cuatro días vieron protagonistas a dirigentes federales y árbitros, y hoy tocó el turno al vicepresidente del Milan, Adriano Galliani, y al entrenador del equipo milanés, Carlo Ancelloti.
"Nosotros no tenemos nada que ver con todo esto. Yo soy entrenador del Milan desde hace 5 años y he sido jugador de esta sociedad y sé cómo actua", dijo tras el interrogatorio. La prensa nacional reveló algunas conversaciones del dirigente del Milan que se ocupaba de los árbitros, Leonardo Meani, en las que también se hablaba de elecciones de árbitros y de arreglos de encuentros.
También tocó el turno de los designadores arbitrales de la pasada temporada, acusados de obrar condicionados por las peticiones de Moggi, Pierluigi Pairetto y Paolo Bergamo. También pasaron a declarar los propietarios de la Fiorentina, los hermanos Diego y Andrea Della Valle, una sociedad que también resultaría implicada.
El abogado de Pairetto, Giorgio Merlone, tras las 5 horas de interrogatorio de su cliente manifestó que "no había ningún motivo que hiciese pensar en que se arreglaban los sorteos" y que es muy difícil "aclarar el contenido de las frases que son extrapoladas de una conversación telefónica", dijo respecto de las interceptaciones en posesión de la fiscalía de Nápoles y ahora de la Federación.
