ASUNCION.- Las medidas que adoptó el gobierno paraguayo bajo el estado de excepción que rige tras el intento de golpe de Estado de la semana pasada, fueron cuestionadas duramente por la prensa y los políticos, y no se descarta la anulación de dicha iniciativa.
El gobierno procedió a la detención de un centenar de personas, entre ellos legisladores oviedistas y periodistas, amparado por el decreto del Poder Ejecutivo de 30 días de estado de excepción, que fue avalado por el Congreso.
El gobierno dispuso asimismo condicionar todas las reuniones, incluyendo las sociales, al permiso previo de la policía, lo que de inmediato fue comparado con un famoso decreto restrictivo que rigió durante la dictadura de Alfredo Stroessner (derrocado en 1989), para controlar la ciudadanía.
Asimismo prohibió toda reunión de los simpatizantes del movimiento político del ex general Lino Oviedo, a quien las autoridades responsabilizan del nuevo intento de golpe de estado ocurrido el jueves y viernes de la semana pasada.
Además, menudearon denuncias de incomunicación de detenidos y el desmantelamiento y destrucción de los equipos de la radio Asunción perteneciente a un matrimonio de simpatizantes oviedistas actualmente detenidos.
Numerosos senadores y diputados que avalaron el estado de excepción expresaron su preocupación y anunciaron su intención de convocar una nueva plenaria del Congreso para revocar el decreto correspondiente del Poder Ejecutivo.
Los diputados Juan Monges y Oscar González, del sector argañista del Partido Colorado (el de mayor peso), visitaron hoy al presidente Luis González Macchi para expresarle su preocupación y al término de la visita anunciaron cambios en el decreto que afecta las reuniones de personas.
A su vez, los influyentes senadores Rodrigo Campos y Gonzalo Quintana, del Partido Liberal, calificaron el decreto de "inconstitucional" y propugnaron su derogación total.
"El (Poder) Ejecutivo se excede largamente en las facultades que le otorga la Constitución", criticó hoy el constitucionalista Eusebio Ayala.
Mario Paz, presidente del Partido Encuentro Nacional (único partido que continúa en la coalición gubernamental que asumió en marzo del año pasado), también protestó hoy enérgicamente ante los "excesos" cometidos por el Poder Ejecutivo.
El ministro del Interior, Walter Bower, justificó sin embargo las medidas que se están tomando, y alegó que la gravedad de lo ocurrido justifica la adopción de las mismas, pese a lo cual -dijo- "la cantidad de detenidos no excede la centena".
Numerosos detenidos, entre militares, policías y civiles, plantearon recursos ante el Poder Judicial para reclamar sus respectivas libertades.
