BUENOS AIRES.- Veteranos y familiares de las víctimas argentinas en la guerra de Las Malvinas buscarán que se haga justicia en un caso por crímenes de guerra que será presentado esta semana contra Gran Bretaña por el hundimiento en 1982 del crucero General Belgrano. En el ataque contra el crucero de la Armada argentina murieron 323 marineros y oficiales. Dos abogados de Buenos Aires viajaron a Estrasburgo, en Francia, para presentar una demanda ante la Corte Europea de Derechos Humanos en nombre de los familiares de las víctimas, argumentando que el buque, orgullo de la flota argentina, fue hundido fuera de la zona de exclusión de 320 kilómetros durante la guerra de 10 semanas en la que murieron unas 1.000 personas. "Yo creo en la justicia de Dios, querido, pero muchos más creen en la justicia del hombre (...) Primero la justicia de dios, porque por esos 323 chicos que murieron, alguien tenía que dar la cara", expresó Luisa Romero de Ibáñez, cuyo hijo Luis Alberto, de 20 años, murió en el hundimiento del Belgrano. El crucero, sobreviviente del ataque japonés contra la flota estadounidense en Pearl Harbor, fue hundido por tres torpedos el 2 de mayo de 1982 tras ser seguido durante 36 horas por el submarino nuclear británico HMS Conqueror. Las muertes en el ataque al buque representaron casi la mitad de las bajas argentinas en la guerra por la soberanía de las Malvinas, llamadas Falklands por los británicos. La nueva ofensiva legal sostiene que el General Belgrano fue hundido para socavar las negociaciones de paz mediadas por el entonces presidente de Perú Fernando Belaúnde Terry. "En realidad, la guerra empezó con el hundimiento del Belgrano y se agotó toda posibilidad de un acuerdo", dijo el presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de Argentina, Héctor Miguel Beiroa. Hasta ese momento, "eran muy avanzadas las negociaciones de paz y el hundimiento hurtó toda la posibilidad" de llegar a un acuerdo, agregó. Además de haber sido hundido fuera de la zona de exclusión, el crucero fue atacado sin haberse hecho una declaración formal de guerra, lo que contraviene la convención de La Haya de 1907, según la opinión de los abogados Jorge Humberto Appiani y Jorge Antonio Olivera. "Primero, el crucero General Belgrano no representaba peligrosidad ninguna para las fuerzas británicas. La naturaleza de la decisión adoptada fue política y no militar", afirmó Beiroa. El caso inicial se basa en acusaciones presentadas por Romero de Ibáñez y Roberto Guillermo Rojas, quien perdió a su hijo Rubén Horacio en el ataque. "En base de lo que diga la comisión de asesoramiento de la Corte Europea de Derechos Humanos, ellos van a presentar en la misma demanda judicial la ampliación de la demanda por todos las demás víctimas", dijo Javier Olivera, hijo del abogado que maneja el caso. "Por mi hijo, yo lo estoy representando como madre, ?no?, pero a la vez por los 323 muertos del (General) Belgrano", dijo Romero de Ibáñez. El ex presidente argentino Carlos Menem dijo en 1994 que la ex primera ministra británica Margaret debía ser extraditada si se determinaba que el hundimiento del General Belgrano había sido un crimen de guerra. Poco después de las declaraciones de Menem, el Ministerio de Defensa de Argentina divulgó un informe en el que calificó la destrucción del buque como "un acto legal de guerra", un punto de vista compartido por el capitán del General Belgrano, Héctor Bonzo. Ocho años después del fin del conflicto, los dos países han mejorado sustancialmente sus relaciones diplomáticas, pero Argentina mantiene aún su reclamación sobre la soberanía de las Islas Malvinas, que disputa desde 1833.
