QUITO.- Organizaciones sociales y de derechos humanos de Ecuador presentaron ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad del acuerdo que firmó el gobierno de Quito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en abril pasado.
El representante de la sociedad civil, Enrique Mármol, quien firmó la demanda, dijo que el acuerdo no ha sido aprobado por el Congreso -conforme demanda la Carta Magna vigente- y que los créditos otorgados bajo el convenio tampoco se han destinado a reactivar la economía.
El acuerdo, producto de una prolongada negociación entre Ecuador y el FMI, contempla un programa económico de 12 meses -revisado en forma bimestral-, cuyo cumplimiento será condición indispensable para el desembolso de créditos a este país por 304 millones de dólares.
En cumplimiento del convenio, el presidente Gustavo Noboa aplicó alzas a los precios de combustibles y tarifas de electricidad, así como aumentos salariales, medidas que "atizaron" la inflación, cuya tasa anualizada llegó en junio pasado a 103 por ciento.
El FMI hizo un primer desembolso por 114 millones de dólares después de formalizar el acuerdo y el gobierno de Quito espera para este mes un segundo crédito por alrededor de 40 millones de dólares.
El acuerdo con el FMI es objeto de críticas no sólo de las organizaciones que presentaron la demanda este lunes, sino también de sectores empresariales inconformes con algunas de las medidas propuestas por el organismo multilateral.
Respecto a las tasas de interés, el FMI propone dejar que sean reguladas por el mercado, política con la que discrepa el gobierno del presidente Noboa.
Sectores de la iniciativa privada sostienen que con criterios como el del organismo internacional será imposible reactivar la producción, puesto que no estimulan a los productores a pedir créditos.
Algunos sectores empresariales se oponen a una eventual política gubernamental de aumentar las obligaciones tributarias para obtener más recursos y proponen en su lugar obtener recursos en forma adelantada, con cargo a las exportaciones de petróleo.
Además, la empresa privada también muestra inconformidad con el plan de reestructuración de pasivos de la banca, con el argumento de que se proponen exigencias difíciles de cumplir.
