LIMA.- Tres congresistas opositoras presentaron una acusación constitucional contra el ministro del Interior, general César Saucedo, por supuesta responsabilidad en la violenta actuación policial para disolver manifestaciones pacíficas en esta capital.
La legisladora Anel Townsend y las congresistas electas Gloria Helfer y Elvira de la Puente sentaron ayer la denuncia ante la comisión de acusaciones constitucionales del congreso. Ellas acusan a Saucedo por delito de abuso de autoridad y lesiones.
"Es una acusación constitucional contra el ministro Saucedo por su responsabilidad política en los hechos de violencia en las calles y la represión de la policía que usó bombas lacrimógenas como proyectiles", dijo Townsend.
No obstante, la acusación ha sido presentada faltando tres días para que el actual congreso, de mayoría oficialista, culmine sus funciones, por lo que la denuncia tendría que ser vista por el parlamento entrante.
En el nuevo congreso el oficialismo tiene mayoría simple de 52 congresistas, pero algunos legisladores de oposición vienen pasándose a la bancada oficialista, por lo que ésta podría tener nuevamente mayoría absoluta.
En este caso, la experiencia indica que la acusación no tendría posibilidades de prosperar.
"Estamos conscientes de eso, son pocos días los que faltan, hay una serie de cuestiones pendientes, y hay una mayoría que no va a estar interesada en verla", reconoció hoy Helfer, quien participó en una de las marchas que fue disuelta con gases irritantes.
Sin embargo, dijo que con su acción no sólo buscan una sanción por lo ocurrido, "sino también prevenir lo que pueda venir", teniendo en cuenta que para fines de julio diversos sectores de la población han convocado a una masiva movilización a Lima contra el presidente Alberto Fujimori, quien iniciará un cuestionado tercer mandato consecutivo.
En el documento acusatorio contra Saucedo, se señala que la madrugada del 29 de junio, un grupo de 500 policías arrojó indiscriminadamente gases lacrimógenos y vomitivos contra grupos de amas de casa, estudiantes y jubilados, que pretendían hacer una vigilia frente al hotel donde se alojó una misión de la OEA, que vino a Perú a analizar opciones para fortalecer la democracia peruana.
La denuncia recoge reportes periodísticos, donde se da cuenta de las heridas sufridas por manifestantes, como consecuencia del impacto de bombas lacrimógenas, y otras personas --entre ellas mujeres embarazadas-- que fueron rudamente golpeadas por los agentes.
El delito de abuso de autoridad se castiga con no más de dos años de pena privativa de libertad y el de lesiones y daños al cuerpo o la salud con entre tres y ocho años.
