WASHINGTON.- El gobierno de EE.UU estudia aplazar la primera ejecución ordenada por un tribunal federal en casi 40 años, porque la condena a muerte de Juan Raúl Garza pudo ser resultado de desigualdades en la administración de justicia para las minorías, indicaron fuentes gubernamentales.
Garza, de 43 años y nacido en Brownsville, Texas, fue condenado hace siete años por tres asesinatos relacionados con el tráfico de drogas, y su ejecución en ese estado está fijada para el 5 de agosto.
El Departamento de Justicia estudia ahora varios informes según los cuales la aplicación de la pena de muerte, restaurada en Estados Unidos en 1976 y que se aplica en 34 estados, ha estado marcada por desigualdades étnicas, sociales y geográficas.
La información que tiene el Departamento de Justicia muestra que los miembros de minorías suman casi el 75 por ciento de los acusados en juicios federales que incluyeron la pena de muerte, y que los fiscales federales en cinco distritos, incluidos dos de Nueva York, han conducido casi la mitad de los casos en los cuales la pena capital era una opción.
Garza ha insistido siempre en su inocencia, pero sus abogados no recurrirán ahora, sino que argumentarán que se le dictó la pena capital porque el sistema federal discrimina contra los miembros de minorías y se aplica de manera distinta en diferentes regiones del país.
El convicto proviene de una familia de peones rurales y desde los cinco años de edad trabajó cosechando frutas. Garza no completó los estudios de la escuela secundaria, y como adulto trabajó en los ferrocarriles y como albañil, y su segunda esposa es la hija de un predicador.
Durante el juicio la fiscalía describió a Garza como un despiadado cabecilla del tráfico de drogas que controlaba a sus subalternos matando a quienes "se salían de la línea", incluido su yerno. Entre los 65 testigos que declararon contra Garza estaba uno de sus sobrinos.
En la actualidad hay 21 hombres condenados a muerte por delitos federales entre los casi 3.000 condenados que aguardan la pena capital juzgados por tribunales estatales. En los últimos 24 años han sido ejecutadas 650 personas, de las cuales 223 recibieron la pena de muerte en Texas.
La última ejecución de un convicto por delitos federales ocurrió el 15 de febrero de 1963 cuando Víctor Feguer fue ahorcado en Iowa por el secuestro y asesinato de un médico.
