CARACAS.- El arresto domiciliario que ordenó un juez contra Pablo López, editor del semanario La Razón, ha desatado una fuerte polémica sobre las limitaciones a la libertad de expresión en Venezuela.
El Bloque de Prensa Venezolano, organismo que agrupa a los principales diarios del país, rechazó la detención de López, y denunció en un comunicado que en Venezuela existe una violencia contra los dueños de los medios y los periodistas, que se ha manifestado a través de amenazas y ataques personales públicos desde la presidencia de la República para tratar de "quebrar su conciencia crítica".
El organismo acusó al presidente Hugo Chávez de promover "una violencia oficial", que ha llevado a los organismos del Estado "a solidarizarse en acciones contrarias a la constitución y toda noción de Derecho, en perjuicio de la libertad de expresión".
El presidente de la Comisión Legislativa, Luis Miquilena, desestimó las críticas contra el gobierno sobre las limitaciones a la libertad de expresión, y sostuvo que el caso del editor de La Razón "se trata simplemente de un grupo de palangristas (como se identifica a periodistas que publican informaciones interesadas para lucrarse), que ha chantajeado... porque no le han dado pautas de publicidad, y luego se esconde y no le hace frente ante la justicia".
López fue arrestado el fin de semana por orden del juez, David Pérez Pereda, por negarse a acudir a la audiencia de un juicio por difamación al presidente de una importante empresa aseguradora del país, Tobías Carrero.
Algunos críticos del gobierno han señalado que el caso de López ha sido manejado bajo presiones políticas porque Carrero es socio de Miquilena, el principal colaborador de Chávez.
