LIMA.- Las violentas manifestaciones que se registraron este viernes contra el tercer mandato del Presidente peruano Alberto Fujimori dejaron un saldo de cuatro muertos, dos desaparecidos, 79 heridos y 157 detenidos, dijo a la AFP el Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan.
El funcionario denunció además que "manos ajenas" estuvieron detrás de los actos de vandalismo que se registraron en Lima, cuando la oposición realizaba una marcha pacífica contra el tercer mandato de Fujimori.
En el transcurso de las movilizaciones fueron incendiados cuatro edificios públicos.
Entrevistado por la AFP, Santistevan declaró que "los detenidos están en manos de la policía".
"En principio están bien arrestados, hasta que las investigaciones correspondientes permitan determinar las responsabilidades consecuentes de los actos vandálicos registrados" en las movilizaciones, agregó.
Santistevan expresó su convicción, a pesar de no tener pruebas concretas, de que "hubo manos ajenas" a los organizadores tras los hechos de violencia registrados durante las protestas.
"No llegó a producirse un diálogo entre la prefectura de Lima y los organizadores de la marcha pacífica para establecer el recorrido de la protesta, lo que contribuye a que las corresponsabilidades no se delimitaran", destacó el Defensor del Pueblo.
El funcionario resaltó que cuando "hubo acuerdos para las marchas del 26 y 27 no pasó nada. A los incidentes contribuyó que la Prefectura no colaborara con los organizadores de la marcha. Aunque no estoy diciendo que ellos sean los responsables".
"Esto quiere decir que ha habido manos ajenas en los actos de vandalismo, será cuestión de investigar", acotó.
"Las marchas duraron tres días y en los dos primeros la demostración fue pacífica gracias al diálogo, pero el último día las cosas fueron oscuras y seguramente hubo infiltrados", aseveró Santistevan.
El Defensor del Pueblo señaló que el ex candidato presidencial Alejandro Toledo, principal organizador de las marchas de protestas que se efectuaron en Lima del 26 al 28 de julio, tiene "responsabilidad moral" -compartida con las autoridades de gobierno- por los incidentes acontecidos.
"Los organizadores se comprometieron a que la manifestación sería pacífica, no hay una responsabilidad penal o pecuniaria, pero sí la hay moral", sostuvo el Defensor del Pueblo.
Declaró que el gobierno "podría enjuiciar a los autores materiales de los actos vandálicos y atribuirle a Toledo responsabilidad política, como también a la Defensoría, lo que sería injusto".
"Pero la responsabilidad que asumen (los opositores) por llevar a cabo una manifestación pacífica que se desborda es fundamentalmente moral", insistió.
