BUENOS AIRES.- El vicepresidente argentino, Carlos Alvarez, propuso el lunes adelantar los comicios de 2001 para la renovación del Senado, tras un escándalo desatado por el supuesto cobro de sobornos por parte de legisladores.
Ocho senadores, siete del opositor Partido Justicialista (peronista) y uno de la gobernante Alianza, son investigados por la justicia debido a su presunta participación en un pago de sobornos a cambio de la aprobación en abril de una ley laboral impulsada por el gobierno.
La crisis comenzó con una nota periodística y mensajes anónimos que acusaban a los senadores peronistas de haber aceptado sobornos de parte de funcionarios del gobierno para que aprobaran el esperado proyecto de ley.
"Habría que pensar si la Constitución no deja alguna luz para adelantar las elecciones de senadores", dijo Alvarez a una radio local, en medio del escándalo, que está poniendo a pruebas las promesas del presidente Fernando de la Rúa de acabar con la corrupción.
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, la más grande del país, respaldó la propuesta del vicepresidente.
"Creemos que hay una sola solución (...) que este Senado sea reemplazado por el voto popular", declaró Carlos Ruckauf, uno de los principales dirigentes del opositor Partido Justicialista (peronista).
El juez federal Carlos Liporaci, quien pidió la semana pasada el desafuero de los ocho senadores involucrados en el escándalo, ha dicho estar convencido de que los fondos para los sobornos provinieron del gobierno.
Sin embargo, la versión fue desmentida por el ministro del Interior, Federico Storani.
"No hay ningún tipo de información de parte nuestra que haya salido algo de las arcas del Estado", dijo el funcionario.
El secretario de Finanzas, Mario Vicens, declaró el lunes ante Liporaci, quien intenta develar si los fondos utilizados para los supuestos sobornos quedaron acentados en los registros del Ministerio de Economía.
El funcionario dijo al salir de los tribunales que le había dado al juez la información requerida, a la vez que se escudó en el secreto de sumario para no dar a conocer su testimonio.
Argentina ha sido escenario de varios escándalos de corrupción, pero pocos han sacudido a las instituciones nacionales como éste.
El viernes, tres senadores renunciaron a su inmunidad parlamentaria para someterse a la justicia y otros cuatro ofrecieron dimitir a sus bancas. De aceptarse las renuncias y concederse los desafueros, el peronismo perdería la mayoría que ostenta en el Senado.
Esta situación podría beneficiar al presidente De la Rúa, quien se quejó en reiteradas ocasiones de que la Cámara Alta mantiene trabado un paquete de leyes vitales para impulsar a la estancada economía local.
Sin embargo, el escándalo también podría costarle caro a la imagen del gobierno de la Alianza, que llegó al poder en diciembre prometiendo poner fin a una década de denuncias de corrupción en el gobierno del peronista Carlos Menem.
El Senado tenía programado resolver en una sesión extraordinaria el martes si accede a los pedidos de desafuero del juez Liporaci.
