BRASILIA.- Una crisis de credibilidad en la Cámara alta brasileña se desató el miércoles por la noche tras las discusiones y sospechas surgidas en la subcomisión del Poder Judicial en el Senado Federal, informó hoy la prensa.
El cuerpo legislativo investiga el desvío de 93 millones de dólares de un total de 200 millones destinados a la construcción del Superior Tribunal del Trabajo en San Pablo, un escándalo que incluso salpicó al presidente Fernando Henrique Cardoso.
Los opositores políticos renunciaron al grupo por considerar que la subcomisión no tiene poder de convocatoria como una Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI).
También denunciaron la obstrucción oficial en los trámite de requerimientos solicitados, lo que anoche en el recinto del Senado se transformó en duras críticas a las autoridades del Congreso y al gobierno.
Esa situación, según los analistas, es atribuida a maniobras del sector oficialista en el Congreso y al presidente del Senado Federal, Antonio Carlos Magalhaes, del Partido Frente Liberal (PFL)- de la alianza oficialista- destinadas a "desmoralizar la continuidad de las actividades" de la oposición.
Además de los senadores de los partidos de oposición y del vicepresidente, senador Jefferson Péres, también renunció el presidente de la subcomisión, senador Renán Calheiros, del gubernista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) - de la alianza oficialista- y ex ministro de la Justicia, en el primer primer mandato del presidente Fernando Henrique Cardoso.
"Si la oposición renunció, también me retiraré de la Subcomisión porque no soy ningún actor ni estoy dispuesto a hacer parte de la farsa", dijo a los periodistas Calheiros, que no considera posible la designación de otro miembro de su partido para sustituirlo.
Entretanto, las expectativas en la Subcomisión giraban en torno a la crisis por la eventual responsabilidad del presidente Fernando Henrique Cardoso ante sospechas de influencia de su ex secretario general y ex coordinador de sus campañas electorales a su reelección, Eduardo Jorge Caldas, en el escándalo de los fondos desviados.
El ex funcionario, íntimo colaborador del mandatario, fue acusado de usar su influencia en el resonante caso de corrupción en la construcción del Tribunal Regional del Trabajo en San Pablo (TRT) y de la constructora ENCOL que, tras su quiebra, perjudicó a 42.000 adquirentes de propiedades en su mayoría de Brasilia.
La CPI del Poder Judicial del Senado Federal descubrió que "fueron 117 llamados del ex juez, Nicolau dos Santos Neto al ex secretario general de la Presidencia, ocurridos entre 1995-1998, en el mismo período de las transferencias de recursos para la construcción del Tribunal Regional del Trabajo", magistrado que aún continua prófugo de la justicia.
Por su parte, Pedro Paulo de Souza, ex propietario de ENCOL, acusó al ex asesor de la República de estar detrás de un esquema que llevó a la constructora a la quiebra, durante seis horas de espontáneas declaraciones ante los procuradores del ministerio Público de la República.
Según el procurador Luiz Francisco de Souza "el ex propietario de ENCOL dejó claro que el ex secretario general de la Presidencia mostró la intención de asumir la dirección de la empresa mediante un esquema de intervención, donde surgen señales de tráfico de influencia en las negociaciones".
Caldas Pereira, considerado el hombre más influyente del gobierno, dejó su cargo en abril de 1998, pero mantuvo estrecha relaciones con algunos ministros, por la que se le asignó grande vinculación con el exjuez, principal protagonista del fraude al al Tribunal Regional del Trabajo, Nicolau dos Santos Netto.
Los analistas señalan que una de las principales causas de la oposición en alejarse de la Subcomisión y dejar plasmada en la opinión pública su disconformidad con los procedimientos adoptados "es la demora del presidente del Senado en anunciar su decisión sobre los pedidos de quiebra del sigilo bancario, fiscal y telefónico de Eduardo Jorge Caldas y otras personas ligadas al ex funcionario".
