PARIS.- El Tribunal de Apelación de París decidirá el próximo 20 de octubre si conviene o no instruir una denuncia contra el líder libio, Muamar al Jaddafi, por "complicidad en homicidios voluntarios" en el atentado contra un DC-10 de la compañía UTA que causó 170 muertos en 1989.
El pasado 6 de octubre, el juez Jean-Louis Bruguiere decidió instruir una denuncia presentada ante la Justicia francesa en junio de 1999 por la asociación SOS-Attentats y por la hermana de una de las víctimas contra el líder libio, en relación con aquel atentado.
La Fiscalía recurrió esa decisión invocando el derecho consuetudinario que protege a los jefes de Estado en ejercicio.
El caso fue examinado hoy a puerta cerrada por la sala de acusación del Tribunal de Apelación, que emitirá su veredicto sobre la validez jurídica de la denuncia el 20 de octubre.
El debate judicial de la vista de hoy gravitó en torno a la inmunidad penal del coronel Jaddafi, según fuentes judiciales.
La fiscal Annie Grenier defendió los argumentos del Ministerio Público al invocar la "regla consuetudinaria bien establecida" que confiere inmunidad jurisdiccional a los jefes de Estado.
A juicio de la Fiscalía, las excepciones habidas en la historia, como el tribunal de Nuremberg o para el genocidio en Ruanda, "conciernen situaciones particulares y no tienen un alcance general".
Por su parte, el abogado de SOS-Attentats, Francis Szpiner, respaldó los argumentos del juez Bruguiere, al indicar que Jaddafi no es el jefe de Estado libio en el sentido estricto del término, ya que Libia está presidida por Mohamed Zénati.
Al término de la vista, la presidenta de SOS-Attentats, Francoise Rudetzki, se negó a comentar las declaraciones efectuadas ayer por Jaddafi, en las que indicó que el caso del DC-10 es "un viejo asunto que ya no está de actualidad" y podría haber represalias judiciales libias "contra los dirigentes europeos y estadounidenses".
El atentado al avión de UTA tuvo lugar nueve meses después del que destruyó en vuelo a un aparato de la compañía Pan Am sobre la localidad escocesa de Lockerbie, un suceso en el que 270 personas perdieron la vida y del que han sido acusados dos presuntos miembros de los servicios secretos libios.
En caso de que el Tribunal de Apelación de París siguiera la recomendación de la Fiscalía, el procedimiento quedaría anulado de forma casi definitiva, a no ser que SOS-Attentats recurriera una eventual decisión de ese tipo ante el Supremo, lo que parece decidida a hacer.
En marzo de 1999, al término de una instrucción de casi diez años, el juez antiterrorista Jean-Louis Bruguiere decidió llevar el caso del atentado contra el avión de UTA ante el Tribunal de lo Criminal de París, que condenó en rebeldía a cadena perpetua a seis presuntos miembros de los servicios secretos libios, entre ellos su "número uno" y cuñado del coronel Gadafi, Abdalá Senoussi.
Las familias de las víctimas no quisieron que todo quedara ahí y, aunque Libia aceptó pagar a Francia 32 millones de euros -de ellos 11,2 a título de daños morales-, consideran que los responsables del atentado no han purgado su pena, subraya hoy el diario conservador francés "Le Figaro".
El vuelo 772 de UTA, que hacía el trayecto Brazaville-París con escala en Yamena, se interrumpió en el desierto de Níger, cuando el aparato explotó a una altitud de unos 3.000 metros.
Contrariada por la pasividad de Francia, la presidenta de SOS-Attentats convenció a su abogado Szpiner de la necesidad de perseguir al coronel Jaddafi en calidad de persona que presuntamente ordenó el atentado.
Esta denuncia fue ya rechazada en una primera ocasión por la Fiscalía de París, que se extraña de la tardía reacción de las familias de las víctimas y se pregunta por qué habría que decidir en 1999 perseguir al líder libio, si en diez años de instrucción no se emprendió ninguna acción legal en su contra.
En cualquier caso, la mejora experimentada en las relaciones franco-libias en los últimos meses planea sobre este caso, especialmente tras el papel clave desempeñado por Libia en las negociaciones para la liberación de los rehenes franceses y de otros países occidentales en Joló (Filipinas).
La instrucción de la denuncia sería vista con malos ojos por las autoridades de París, apuntan los analistas.
