MADRID.- La estructura política de ETA en España quedó hoy prácticamente desarticulada en una operación policial que supone un duro revés para la banda terrorista tras la ofensiva desatada este verano, una de las más sangrientas de su historia.
Un total de 20 personas fueron detenidas en distintos puntos de España por la Policía Nacional por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que les considera miembros de EKIN, siglas que dan nombre al nuevo núcleo político de ETA, creado durante la tregua de la organización (septiembre de 1998-diciembre de 1999).
Más de 300 agentes participaron en las detenciones, entre las que destacan las de Ana Lizarralde, ex-portavoz de las juventudes de Herri Batasuna (HB, brazo político de ETA), Francisco Javier Alegría, miembro de la anterior dirección política, y Jaime Iribaren, ex parlamentario de la cámara regional de Navarra.
También fue arrestado José María Matanzas, defensor de presuntos activistas o colaboradores de ETA, que precisamente hoy tenía que haber asistido a un juicio de acusados de la banda que se celebra en la Audiencia Nacional y que fue aplazado por su detención.
La investigación, que incluyó el registro de varias sedes de HB y viviendas de sus militantes, sigue abierta y coordinada por el juez Garzón, quien el próximo viernes empezará a tomar declaración a los detenidos en su despacho de la Audiencia Nacional de Madrid.
Esta operación es el tercer golpe asestado por las autoridades españolas a ETA en los últimos dos años, periodo en el que también fueron desmanteladas la trama financiera de los terroristas y su aparato de relaciones internacionales, conocido como XAKI.
Supone además un respiro para el Gobierno y las fuerzas democráticas tras cuatro meses de malas noticias en el terreno del terrorismo, con 16 atentados y ocho asesinados.
Desde el final de su tregua de 15 meses, ETA ha intentado matar en 21 ocasiones y lo ha conseguido en 12: cinco políticos (uno de ellos retirado), dos militares, dos guardias civiles, un periodista, un empresario y un escolta policial.
El presidente del Gobierno, José María Aznar, expresó su satisfacción por los resultados de la operación y pidió a todos los ciudadanos que confíen en el funcionamiento normal del estado de derecho y en el trabajo "tenaz" de las fuerzas policiales.
"Siempre reclamo confianza en el normal funcionamiento del Estado de Derecho y confianza también en el trabajo perseverante y tenaz de las fuerzas de seguridad del Estado, en cualquier momento y en este momento también lo hago", dijo Aznar en el Parlamento.
El mismo tono empleó el secretario general del Partido Socialista (PSOE, principal fuerza de oposición), José Luis Rodríguez Zapatero, quien consideró "positiva" la operación porque "se daña seriamente lo que es una estructura política de apoyo" a la banda terrorista.
En declaraciones a la cadena SER de radio, el líder del PSOE expresó su "satisfacción", aunque "con la cautela necesaria", y subrayó el "apoyo" de su formación política a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en la "difícil tarea que tienen enfrente para garantizar la libertad en Euskadi y en este país".
Sin embargo, las detenciones merecieron el reproche del líder del Partido Nacionalista Vasco (PNV, primera fuerza política del País Vasco), Xabier Arzalluz, quien manifestó que "da la impresión" de que ha primado la coyuntura política de "un momento absolutamente secano de éxitos policiales y políticos" por parte del Gobierno.
Arzalluz opinó que estas iniciativas "llenan la prensa y dan la sensación de ser importantes cuando no hay manera de cazar un comando (terrorista), que es lo que la gente espera".
Desde el entorno etarra, Arnaldo Otegi, portavoz de Euskal Herritarrok (EH, marca electoral de HB), dijo en conferencia de prensa que se trata de un intento de "ilegalizar de facto al conjunto de organizaciones del movimiento independentista vasco".
