LA PAZ.- El gobierno está contemplando el uso de la fuerza para acabar con la resistencia de los productores de coca a reabrir una estratégica carretera, último reducto de un conflicto nacional que inicialmente tuvo tres frentes y ha dejado pérdidas totales por unos 140 millones de dólares.
El ministro de Gobierno Guillermo Fortún dijo que el gobierno apelaría al ejército y la policía para despejar la carretera Cochabamba-Santa Cruz, bloqueada desde hace tres semanas por productores de coca de la zona del Chapare.
El anuncio fue hecho en momento en que Zvonko Matkovic, dirigente de los empresarios privados de Santa Cruz formulaba un llamado al gobierno para que ordene despejar de inmediato la carretera.
"Ya no podemos seguir eternamente bloqueados, el perjuicio es enorme, las perdidas son millonarias, miles de camiones están parados", dijo.
Santa Cruz es el principal centro de producción general del país. Desde allí hay conexiones estratégicas hacia las ciudades de Cochabamba y La Paz, así como los puertos de Chile y Perú en el Pacífico.
Los enfrentamientos entre bloqueadores y fuerzas del orden dejaron 11 muertos y 139 heridos hasta ahora. El gobierno confirmó que las pérdidas hasta el momento ascienden a 140 millones de dólares, 1,5% del Producto Interno Bruto, de los cuales 60 millones corresponden a los destrozos en las rutas.
El ministro no dio detalles de la operación, pero tuvo duras críticas para Evo Morales, líder de los cocaleros del Chapare y quien ayer anunció que los cocaleros están preparados a resistir cualquier acción de fuerza, con el uso incluso de metralletas.
"Es un insidioso, debe estar entrenado por alguien", dijo el ministro.
El comentario pareció ser una alusión a grupos políticos radicales y de narcotraficantes a los que el gobierno responsabilizó de desestabilizar la democracia boliviana con las protestas sociales de días recientes.
La amenaza del gobierno se produjo cuando el resto del país retornaba paulatinamente a la tranquilidad, después de tres semanas de convulsión social protagonizadas por campesinos y maestros descontentos. El gobierno firmó el sábado acuerdos con éstos dos últimos sectores.
Los cocaleros del Chapare, 580 kilómetros al sureste de La Paz, reclaman que se les permita sembrar más coca. El pedido ha sido rechazado por el gobierno, que está empeñado en un plan de erradicación de coca en esa zona. El plan ha permitido ya eliminar el 87 por ciento de los cultivos en tres años, y espera concluir a fines de año.
El gobierno habilitó provisionalmente una antigua carretera que une a Cochabamba y Santa Cruz. Pero Matkovic afirmó que esa no era una solución porque esa ruta no permite la circulación de camiones de alto tonelaje.
El despeje de los caminos del resto del país permitió la llegada de alimentos a varias de las ciudades del país que habían quedado aisladas, entre ellas La Paz.
Los campesinos mantenían bloqueadas esas rutas en demanda de una serie de reivindicaciones sectoriales, que fueron atendidas en un 90% por el gobierno.
Entre ellas se cuentan el archivo de una ley de aguas, La derogación de la tenencia de tierras y la dotación de 3,8 millones de tierras fiscales para asentamientos indígenas.
Los maestros aceptaron levantar la huelga que sostuvieron durante tres semanas a cambio de que el gobierno les pague dos bonos extraordinarios.
