SAO PAULO.- Un jefe policial brasileño acusado de ordenar la matanza de 111 reos en 1992 será enjuiciado a partir de este miércoles, en lo que activistas de los derechos humanos dicen que es un caso histórico en la batalla contra la impunidad.
El coronel Ubiratan Guimaraes, quien presuntamente ordenó a tropas armadas con subametralladoras aplastar un motín en una de las prisiones más grandes de América Latina, podría ser sentenciado a entre 50 y 1.400 años de cárcel.
Guimaraes es el primero en comparecer ante los tribunales por la matanza del 2 de octubre de 1992 en la prisión Carandirú de Sao Paulo. Ha sido la mayor masacre en un penal en toda la historia de Brasil. Grupos internacionales de defensa de los derechos humanos deploraron la matanza, después de que los fiscales del gobierno dijeron que la policía asesinó a sangre fría a los reclusos que habían depuesto su amotinamiento y trató luego de ocultar su crimen. Pero Guimaraes ha evadido repetidamente su juicio.
"Las pruebas técnicas demuestran que buena parte de los reos fueron ultimados en el interior de sus celdas, que hubo disparos hechos hacia el interior de las celdas desde afuera", dijo Carlos Cardoso, un representante de derechos humanos en la procuraduría general de Sao Paulo, a cargo del juicio. "Algunos prisioneros fueron ultimados mientras se encontraban de rodillas", dijo.
Una condena de Guimaraes allanaría la senda para el enjuiciamiento de hasta 119 policías, dijo Cardoso. Pero su absolución provocaría nuevas protestas en torno a la presunta impunidad en casos de brutalidad policial en Brasil, dijeron activistas.
"Hay pruebas abrumadoras que apuntan a una clara masacre", dijo James Cavallaro, director del Centro de Justicia Global, una organización brasileña de defensa de los derechos humanos. "Una absolución demostraría una vez más el hecho de que, bajo la legislación brasileña y las prácticas actuales, quienes cometen severos abusos de los derechos humanos lo hacen con tácita impunidad", agregó Cavallaro.
Guimaraes evadió enjuiciamiento en los primeros años porque la causa estaba a cargo de tribunales militares y luego porque gozaba de fuero parlamentario. El jefe policial postuló a su candidatura como legislador estatal bajo el número 41.111, prometiendo mano dura contra el crimen.
Cardoso dijo que el agregado de 111 (el total de reos masacrados en Carandirú) al número 41 de la papeleta electoral de Guimaraes era una referencia cínica a la matanza. En fecha más reciente, sus reclamos de precaria salud y apelaciones legales lo han mantenido alejado del juzgado.
El juicio podría durar hasta 10 días, dijo Cardoso. Guimaraes está encausado por intento de asesinato de 111 personas, además de cinco intentos de homicidio.
