BUENOS AIRES.- El presidente argentino Fernando de la Rúa pidió este jueves que la Corte Suprema de Justicia autorice la segunda instancia a los presos por el copamiento del cuartel militar de La Tablada (en 1989), que cumplen más de tres meses de huelga de hambre, informó el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa.
El mandatario firmó un decreto que instruye al Procurador del Tesoro, Ernesto Marcer, para solicitar a la Corte Suprema de Justicia que dicte un recurso extraordinario qye permita una segunda instancia para los presos.
Así lo anunció en conferencia de prensa el ministro y hermano del presidente quien acusó a la oposición justicialista (peronismo) de haber "incumplido el acuerdo político" para que la Cámara de Diputados apruebe una ley para que los presos puedan apelar sus condenas.
Doce de los 13 presos por el copamiento del cuartel de La Tablada en 1989 realizan una huelga de hambre desde hace tres meses para reclamar se les habilite una instancia de apelación, que les fue negada al haber sido juzgados por la ley de Defensa de la Democracia que impide esta posibilidad.
En las últimas horas, el ex presidente de Nicaragua y dirigente sandinista Daniel Ortega llegó a Argentina para sumarse a las voces de reclamo por la situación de los presos.
Ortega se reunió con legisladores para pedirles que apuren una solución y visitó a algunos de los presos internados en el hospital Santojani, informó a la AFP Adrián Wittemberg, portavoz del Movimiento Todos por la Patria (MTP, izquierda) que llevó el copamiento del cuartel militar.
Con el mismo objetivo también llegaron este jueves a Argentina los diputados del Frente Amplio (izquierda) de Uruguay Eduardo Bonomi y Edgar Belomo, mientras que se espera para el viernes el arribo de Jorge Soto (alias Pablo Monsanto) de la Unión Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG), informó Wittemberg.
El ministro de Justicia aclaró que el Gobierno sigue estudiando la posibilidad de dictar un decreto de necesidad y urgencia para hacer lugar a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aunque admitió que "tratamos de evitar esta alternativa", ya que el gobierno prefiere que se haga por vía parlamentaria.
Al conocer el contenido del decreto presidencial, Wittemberg lamentó que sea "una tan larga sucesión de pasos que es una medida dilatoria".
Los ayunantes reclaman que se les habilite una instancia de apelación, que les fue negada al haber sido juzgados por la ley de Defensa de la Democracia que impide esta posibilidad.
En el compamiento del cuartel murieron 39 personas entre atacantes y militares y policías, en tanto hay tres desaparecidos.
El MTP atacó la unidad con el argumento de que en él se gestaba un golpe de Estado contra el gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín (1983-89) de los "carapintadas", los militares que reinvidican la represión ilegal de la última dictadura (1976-1983), que ya habían protagonizado tres asonadas anteriores.
