CIUDAD DE MEXICO.- El gobierno mexicano anunció el viernes el despido de 12 funcionarios, tres de ellos de alto nivel, como parte de una operación sin precedente de combate a la corrupción en la que participaron empleados encubiertos que se hicieron pasar por usuarios de servicios públicos.
Empleados del ministerio de la Contraloría acudieron de incógnito a solicitar la expedición o la renovación de licencias federales de conductor para transporte en las oficinas del Ministerio de Comunicaciones y Transportes en cinco ciudades del país.
En conferencia de prensa, los titulares de ambos ministerios dijeron que varios burócratas participaban en un esquema para ofrecer, a cambio de sobornos, documentos o la agilización de trámites para que los solicitantes obtuvieran su licencia sin necesidad de exámenes médicos o de conducción.
"Vimos en alguna de estas oficinas que la cifra diaria que podían estar cobrando de manera ilícita podría andar arriba de los 25.000 pesos (2.645 dólares)", que se repartían entre las personas que participaban en el esquema, dijo el ministro de la Contraloría, Francisco Barrio.
El programa "Usuario Simulado" se extenderá de forma aleatoria a todo el gobierno federal, agregó.
Entre los funcionarios expulsados están el contralor interno del Ministerio de Comunicaciones, así como los directores de Transporte Federal y de Medicina Preventiva de esa misma cartera.
Resultados contra la corrupción
Esta fue la primera operación de gran alcance contra la corrupción que da resultados concretos en los cuatro meses que el Presidente conservador Vicente Fox tiene en el poder.
Durante su campaña, Fox prometió llevar a cabo una profunda campaña contra la corrupción que imperó durante siete décadas de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Desde hace más de un mes, el gobierno lanzó una amplia campaña en los medios de comunicación donde exhorta a la población a que "ya no (ofrezca) más 'mordidas'", como se conoce localmente a los sobornos.
Independientemente de los despidos, los funcionarios destituidos son objeto de un procedimiento para determinar su responsabilidad, lo que en su caso podría llevar a acciones penales, dijo el ministro de Comunicaciones, Pedro Cerisola.
Los despidos anunciados el viernes son "apenas el principio de la larga y profunda lucha del gobierno del presidente Vicente Fox contra la corrupción e impunidad", dijo en una rueda de prensa por separado la portavoz presidencial Martha Sahagún.
