LIMA.- Cuando la jueza peruana Jimena Cayo decidió contactarse con el FBI de Estados Unidos por su investigación sobre el ex asesor de Inteligencia Vladimiro Montesinos, tuvo que salir a la calle para buscar una cabina de Internet.
"Estamos ante el caso más grande de corrupción de Latinoamérica (...) y ni siquiera tenemos Internet", dijo el viernes Cayo, en una entrevista con Reuters junto a otros cuatro de los seis jueces que interrogan a Montesinos.
Los jueces anticorrupción, que acuden casi a diario a una base militar donde está recluido Montesinos desde fines de junio, trabajan en oficinas que tienen que compartir hasta con seis colaboradores del Palacio de Justicia. Esta semana festejaron que, tras meses de pedidos, finalmente les instalaron cuatro faxes en sus oficinas, saturadas con montañas de expedientes cocidos a mano, papeles y libros.
"No nos han instalado las claves para ingresar a Internet. No hay quién los pague", dijo el juez Saúl Peña.
Vladimiro Montesinos, quien fue capturado en junio en Venezuela, es el foco del mayor escándalo de corrupción de Perú, el cual derrumbó al gobierno del ex Presidente Alberto Fujimori.
Según las investigaciones, Montesinos tejió una mafia que involucró a casi todas las instituciones públicas en la década de Fujimori. "Nuestras condiciones son malas, hay poco espacio, pocos ayudantes. Este es un caso de corrupción tan grande que cada día que investigamos se levanta como la levadura", agregó Peña.
Según investigaciones del Congreso, la fortuna personal de Montesinos, cuyo sueldo nominal no superaba los 400 dólares, asciende a 274 millones de dólares, pero los jueces estiman que el monto llegaría hasta 2.000 millones de dólares.
Recolectando dinero
Los jueces claman al Gobierno y a las entidades internacionales por apoyo económico, pidiendo al menos 1,7 millones de dólares para realizar un trabajo eficaz. "Estamos como mendigos, pasando el sombrero", dijo el juez Jorge Barreto, quien enfatizó que el apoyo logístico será básico para sus investigaciones de la red de corrupción.
Montesinos enfrenta 52 denuncias en su contra y 140 investigaciones que involucran a 553 personas, muchas de las cuales aparecen en los videos que el ex asesor mandaba grabar en secreto de sus citas privadas.
Las denuncias que encara son por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, narcotráfico, tráfico de armas, peculado, extorsión y violación a los derechos humanos.
Magalli Báscones, otra juez anticorrupción, afirmó que hay en sus colegas una sensación de que no existe una voluntad política para acabar con la corrupción en Perú, donde más de la mitad de su población es pobre. "No queremos que quede sólo en discursos (...) Tenemos expectativa en el presidente electo (Alejandro Toledo) que ha tenido como bandera la lucha contra la corrupción", añadió.
Toledo, un economista que ganó las elecciones de junio, tomará el mando el 28 de julio. "Todo está basado en la buena voluntad de los jueces, los policías, los fiscales sin algunos de los recursos modernos", destacó la jueza Cayo.
Según los jueces, ellos perciben un sueldo neto mensual de 1.300 dólares y sus ayudantes unos 200 dólares. El juez Peña advirtió que el tema de la corrupción en Perú no es sólo Montesinos, sino los hombres detrás del ex asesor que se han enquistado en diferentes niveles de poder.
"Uno no sabe que cuando uno toca una puerta para pedir ayuda puede estar hablando con un lobo o un cordero", añadió.
