CARACAS.- El Gobierno venezolano denunció ante la Asamblea Nacional un supuesto plan para asesinar al presidente Hugo Chávez y ratificó que en alguna “gente” persiste la tentación golpista.
El ministro de Defensa y vicepresidente designado, José Vicente Rangel, dijo el viernes que tiene informaciones “de peso, muy bien fundadas, sobre la posibilidad de un magnicidio”, y que “hay gente que cree que todavía puede mover a agentes militares para una nueva aventura golpista”.
Sin más detalles, Rangel habló ante una comisión legislativa especial en una larga sesión sobre su actuación en torno a la sublevación cívico-militar que el pasado 11 de abril sacó durante 48 horas a Chávez del poder.
La tesis del “magnicidio” flota en Venezuela desde la instalación del gobierno “revolucionario” hace 39 meses, y Chávez y sus funcionarios dicen tener indicios al respecto, pero sin señalar responsables y sin que se haya registrado hasta ahora intento alguno de atentado.
Una comisión especial de 27 diputados investiga desde el pasado sábado las causas políticas que condujeron a la sublevación.
Los diputados interrogaron el jueves al empresario Pedro Carmona, presidente del fugaz gobierno transitorio; al contraalmirante retirado Carlos Molina, designado jefe de la Casa Militar del frustrado gobierno interino, y a Rangel.
El ministro calificó de “surrealistas” los esfuerzos de la oposición por negar la existencia de un golpe bajo el argumento de que el 11 de abril hubo un “vacío de poder”, porque el gobernante renunció al cargo, versión que Chávez ha negado.
“No pudieron decir la verdad, porque la verdad les incrimina”, agregó al referirse a Carmona y Molina en sus declaraciones.
Sostuvo que la intentona se fraguó varios meses antes y citó testimonios de algunos de los generales implicados, que reconocieron ese hecho poco después de la detención de Chávez al suponer que el golpe era un éxito y no tenía marcha atrás.
Reveló que horas antes de que se registrase la muerte de entre 12 y 24 manifestantes en las cercanías de la sede del palacio presidencial el 11 de abril, que sirvieron a los jefes militares para justificar el alzamiento, hubo acciones dentro del principal cuartel de Caracas dirigidas a poner en marcha el golpe.
La interpelación a Rangel transcurrió sin las agresiones verbales registradas el jueves, tanto en el recinto parlamentario como en las afueras de la sede del Legislativo, donde seguidores de Chávez gritaron improperios y lanzaron huevos contra diputados de oposición.
En esa “inseguridad” se basó el presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega, para pedir que su presentación ante el legislativo, prevista para hoy, fuera aplazada hasta que se garantice su integridad física y moral.
Ortega fue, con Carmona, uno de los principales promotores de los hechos que desencadenaron el golpe cívico-militar contra Chávez.
El vicepresidente de la comisión, el oficialista Tarek William Saab, dijo que Ortega tomó como “excusa” las situaciones irregulares de violencia para “evadir su responsabilidad ante la comisión y el país”.
“Quizá muchas cosas que se han dicho ante esta Comisión lo van a incriminar de manera directa”, agregó.
El presidente de la comisión, el socialdemócrata Edgar Zambrano, informó de que Ortega y el ex jefe del Comando Unificado militar general Manuel Rosendo, que se excusó el viernes por un problema de salud, serán citados en las próximas horas.
La jornada de interpelaciones la cerró el alcalde de Caracas, el “chavista” Freddy Bernal, quien negó que financie la movilización y colocación de grupos “chavistas” conocidos como “círculos bolivarianos” en los alrededores del Palacio Legislativo.
