LA PAZ.- Los cinco años de administración del gobierno saliente del presidente Jorge Quiroga y de su fallecido predecesor, Hugo Banzer, dejan una herencia de crisis económica profunda en Bolivia.
Cuando sea electo por el Congreso boliviano, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada -ganador de las elecciones del 30 de junio y quien ya fuera presidente de Bolivia entre 1993 y 1997- que asumirá el 6 de agosto deberá enfrentar una crisis agravada por un desempleo del 12% de la población activa de casi cuatro millones de habitantes, pese a que la economía informal insume a 1,3 millones de vendedores al menudeo y pequeños comerciantes citadinos.
La administración saliente deja a su sucesora un déficit fiscal de 7% del Producto Interno Bruto de 8.000 millones de dólares en 2001, y un crecimiento de la economía apenas superior al 1% promedio entre 1997 y 2001.
El cuadro de situación se morigera sin embargo con otros indicadores, como una inflación de 5% y una devaluación de 6% anuales.
La administración Banzer-Quiroga deja cimentado el muro de las reservas internacionales netas (de poco más de 1.000 millones de dólares), que han impedido se ahonde la crisis doméstica o se extienda la que afecta al poderoso vecino Argentina, y deja en buen nivel la inversión extrajera directa, que el año pasado orilló los 900 millones de dólares.
A contramano de la crisis, el gobierno saliente se marcha después de reparar la imagen de Bolivia vinculada desde los años 70 al narcotráfico.
La erradicación de poco más de 60.000 hectáreas de cultivos ilícitos de coca, base para la fabricación de droga, se convirtió en el emblema de un gobierno, perfectamente divisible en la era Banzer, de cuatro años, y la era Quiroga.
El exitoso combate contra las drogas evitó que la economía reciba entre 300 y 500 millones de dólares al año y provocó sangrientos choques entre militares e indígenas productores de la hoja con un saldo de al menos unos 30 muertos.
Por paradoja generadora del conflicto social, la destrucción de coca ilegal, suficiente para producir unas 250 toneladas métricas de cocaína, se batió como el logro de una gestión salpicada por la corrupción, que implicó al entorno familiar de Banzer, muerto de cáncer a los 75 años en abril pasado.
Acusado recurrentemente por la oposición de carecer de un plan de gobierno, el ex dictador y ex presidente no pudo impedir la evolución de la crisis económica que pronto desató el conflicto social e instaló en el país la cultura de la protesta callejera y el bloqueo de caminos como método de interpelación al Ejecutivo.
La administración conservadora transferirá el poder después de institucionalizar la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura, epítomes del desarrollo democrático.
Formado en centros estadounidenses, Quiroga se diferenció de su sucesor por la aplicación de una serie de medidas de corte estatal y una denodada lucha contra la corrupción durante su año al frente del Ejecutivo.
Sin descuidar la lucha antidrogas, que se cobró en los primeros meses de su gobierno de transición tantas vidas como en los cuatro años de su predecesor, este joven tecnócrata de 42 años motivó la demanda agregada con más de 600 millones de dólares destinados a la inversión pública, indujo la disminución de tasas de interés y lanzó un programa de contingencia para la generación de empleos.
Lejos ya de la herencia de Banzer, Quiroga, ahora bastión de los conservadores criollos, deja el gobierno con una buena imagen popular, acentuada por una campaña propagandística de envergadura destinada a abonar el terreno de su cantada postulación a la elección en 2007.
