LA PAZ.- El referéndum sobre el destino de las vastas reservas de gas boliviano, previsto inicialmente para el 28 de marzo, será postergado al menos un mes, informó el jueves el ministro de la Presidencia, José Galindo.
El funcionario señaló que la dilación obedece a que aún deben ser nombrados tres vocales de la Corte Nacional Electoral y sólo con ellos ese órgano, al que el presidente Carlos Mesa le ha dado la tarea de organizar la consulta, podrá operar apropiadamente. Al momento, sólo cuenta con cuatro de sus siete titulares, pues tres de ellos renunciaron en los últimos meses.
"La Corte ha especificado que necesita 90 días (después de nombrados los vocales)... esto nos está llevando a atrasar el referéndum, innegablemente, hasta al mes de abril", dijo Galindo.
Los partidos con mayor representación en el Congreso anunciaron el jueves que llegaron un acuerdo para establecer un método de elección de los tres vocales que faltan, cuya designación debe hacerse por dos tercios de los votos de las dos cámaras.
Mesa ha anunciado que el referéndum tendrá el propósito de establecer, en consulta vinculante con la sociedad, el diseño de una "política nacional del gas".
Sostuvo que el referéndum no se circunscribirá a preguntarle su opinión acerca de la posible exportación del energético a Norteamérica, y la nacionalidad del puerto que debería usarse, si la respuesta es positiva.
En octubre, una revuelta popular contra un proyecto privado de exportación de gas a Norteamérica, especialmente si se hacía por un puerto chileno obligó a la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y dejó 56 muertos.
El rechazo se originó, en parte, en que Bolivia perdió su costa en la guerra con Chile de 1879.
Tras esos sucesos, Mesa, al asumir el 17 de octubre, dijo que convocaría al referéndum.
La postergación obedecer también a que necesario proveerle a la Corte de las normas pertinentes para garantizar la legalidad de sus actos, pues en la economía jurídica boliviana no existe la figura del referéndum, según ha dicho el presidente de la institución, Oscar Hasenteufel.
La autoridad, asimismo, ha solicitado que el gobierno provea a la Corte de los recursos necesarios para la organización del referéndum, cuyo costo ha sido estimado en un equivalente a los 4 millones de dólares.
