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Venezuela: Oposición acusa a junta electoral de trabar referéndum

Jesús Barrios, portavoz de la Coordinadora Democrática, sostuvo que el único obstáculo que el pueblo ha encontrado en camino hacia el referédum no es la administración de justicia, sino la actuación de rectores y magistrados que como jefes del oficialismo han entorpecido la Sala Electoral.

30 de Marzo de 2004 | 17:58 | DPA
CARACAS.- La alianza opositora Coordinadora Democrática (CD) acusó hoy a los rectores electorales "oficialistas" de obstaculizar un referéndum revocatorio contra el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, trás reanudar las discusiones con el ente comicial para lograr un acuerdo sobre la consulta.

"El único engorro y obstáculo que el pueblo ha encontrado en camino hacia el referédum revocatorio no es la administración de justicia, sino la actuación de rectores y magistrados que como jefes del oficialismo han entorpecido la Sala Electoral (del Tribunal Supremo de Justicia)", dijo hoy el portavoz de turno de la CD, Jesús Barrios.

Barrios rechazó de esta manera previas afirmaciones del directivo del CNE, Jorge Rodríguez, quien reiteró su advertencia de que "el camino más largo y engorroso" para la consulta es la "vía judicial".

"Rechazamos las declaraciones del rector oficialista Jorge Rodríguez. Es extremandamte grave que un alto funcionario del poder público les diga a los ciudadanos que mecanismos civilizados de resolución de conflictos no funcionan", señaló.

El dirigente socialcristiano criticó la "prédica inmoral de funcionarios que cuestionan el uso de tribunales como instancias para resolver problemas pero que han sido complacientes con las bandas armadas de los ’círculos del terror’ que usan la violencia ilegal para esos mismos fines", en alusión a los grupos oficialistas "círculos bolivarianos".

Barrios reivindicó un fallo de la Sala Electoral que ordenó al CNE validar más de 800.000 firmas objetadas para convocar la consulta presidencial y que exhortó a la búsqueda de acuerdos.

"Los demócratas creemos en la ley y en la Constitución y con ellas en las manos los obligaremos a realizar el referéndum revocatorio", destacó.

Antes, Rodríguez informó que el CNE retomará de manera oficial las conversaciones con la oposición y el oficialismo para debatir sobre el número y la forma en que deberán "repararse" las firmas objetadas, bien sea para que los electores ratifiquen su rúbrica o se retracten de ellas.

Rodríguez aseguró que se buscará un mecanismo "viable y transparente" para la ratificación de las firmas, mientras que en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sigue su curso una discusión legal sobre el futuro de las firmas.

"Las conversaciones se venían haciendo de manera informal y habíamos avanzado bastante. En vista de que se realizarán formalmente el CNE decidió no dar las cifras definitivas de la revisión de las firmas", dijo a los periodistas.

A las discusiones se sumaron los observadores internacionales que han acompañado el proceso desde que se recolectaron las firmas, a fines del año pasado.

La portavoz de la misión del Centro Carter, Jennifer McCoy, dijo estar complacida por el inicio de las discusiones y expresó su esperanza de que se logre un mecanismo de ratificación esta misma semana.

"Si se puede llegar a un consenso entre las dos partes sobre los mecanismos, eso va a ser lo más deseable. Lo importante es que se pueda garantizar el derecho de los ciudadanos de participar para ratificar o retirar sus firmas", indicó.

La oposición ha rechazado las cifras preliminares del CNE sobre la revisión de las firmas, ya que aprobó 1,8 millones y colocó en "observación" más de 800.000, de las cuales depende alcanzar el mínimo legal exigido de 2,4 millones para convocar la consulta.

Asimismo, se ha negado a acudir a los "reparos" con el esquema decidido por la mayoría "oficialista" del CNE.

Rodríguez indicó que si se logra un acuerdo con los factores involucrados, los "reparos" de las firmas se realizarían a finales de abril.

Mientras, el TSJ se prepara para un debate entre las salas Electoral y Constitucional sobre sus competencias en torno a las firmas. La Electoral ordenó al CNE que validara las firmas en duda, pero la Constitucional anuló esa decisión.

Como respuesta, la Sala Electoral planteó un "conflicto de funciones", que deberá dirimir la Sala Plena con los votos de 20 magistrados, alegando que tiene potestad para conocer la materia.
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