LA HAYA.— La Corte Internacional de Justicia falló el miércoles que Estados Unidos violó los derechos de 51 mexicanos condenados a muerte al privarles de asistencia consular y recomendó que sus casos sean revisados.
El máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, conocido también como la Corte Mundial, emitió el fallo ante una demanda presentada por México, al alegar que 52 homicidas convictos se vieron privados de su derecho de recibir asesoría legal de su gobierno.
"Estados Unidos deberá brindar, mediante sus mecanismos legales propios, la revisión de su condena y sentencia", dijo la juez presidente, Shi Jiuyong.
Shi dijo que, salvo en tres casos, la revisión debería ser llevada a cabo conforme el proceso normal del sistema de apelaciones estadounidense.
La orden de la corte despertó dudas en los ocho estados donde se encuentran los condenados a muerte, pero ninguna seguridad de que éstos responderán a las inquietudes de La Haya.
Algunos estados pedían asesoramiento al Departamento de Estado en Washington, pero varios funcionarios expresaron dudas de que el fallo afectara sus planes para ejecutar a los reos. Funcionarios de Oklahoma y Texas, donde se encuentran tres de los reos mexicanos, dijeron que no tomarían medidas inmediatas.
En Washington, el vocero del Departamento de Estado Adam Ereli dijo que Estados Unidos ha tratado de cumplir el requisito de permitir que los extranjeros detenidos puedan comunicarse con sus consulados.
Fue la segunda vez que el máximo tribunal de la ONU declaraba a Estados Unidos en violación de la Convención de Viena de 1963, que protege a extranjeros acusados de crímenes graves. En el 2001, Arizona desconoció una orden de demorar la ejecución de un ciudadano alemán.
En los tres casos que concluyeron ya el proceso federal de apelaciones, la corte dijo que Estados Unidos debería hacer una excepción y revisar esos procesos una vez más.
La corte falló que en el caso restante, el convicto fue tratado conforme a derecho internacional y su caso no tiene por qué ser revisado.
Conforme a la naturaleza de la corte, sus fallos son "vinculantes, finales e inapelables". Esos fallos raramente han sido ignorados, y si una de las partes denuncia que la otra no acató la decisión del tribunal, puede llevar el tema al Consejo de Seguridad de la ONU.
La demanda de México en el contencioso con Estados Unidos está basada en la Convención de Viena de 1963, que garantiza a los acusados de delitos graves y detenidos en un país extranjero el derecho a contactar a sus propios gobiernos en busca de ayuda, además de ser informados de ese derecho por los agentes que lo detuvieron.
La Corte Mundial está encargada de dirimir las disputas entre los gobiernos y tiene jurisdicción en ese tratado. El tribunal falló que Estados Unidos no informó debidamente a los 51 mexicanos de su derecho a la asesoría consular cuando las autoridades supieron que eran extranjeros.
El embajador estadounidense en Holanda, Clifford Sobel, dijo haber quedado satisfecho con partes del fallo. México no emitió reacción alguna.
El poder del gobierno federal estadounidense para ordenar a los estados que revisen los casos "obviamente es un tema que será considerado en Washington", dijo Sobel.
En las audiencias de diciembre, los abogados de México sostuvieron que cualquier ciudadano estadounidense acusado de un delito grave en el extranjero desea que sean respetados sus derechos conforme a la Convención de Viena. Agregaron que la única solución justa para aquellos a quienes les fue negada la ayuda consular es comenzar nuevamente sus procesos.
Uno de los abogados, Juan Manuel Gómez, dijo que México "no pone en duda el derecho de Estados Unidos como país soberano a imponer la pena de muerte para los delitos más graves", pero desea asegurarse de que sus ciudadanos no son abusados por un sistema legal extranjero que no siempre entienden.
Estados Unidos sostuvo que el caso está centrado en la soberanía nacional.
El abogado estadounidense William Taft dijo que los convictos recibieron un juicio justo. Agregó que si no recibieron ayuda consular, la forma de remediar esa omisión "debe corresponder a Estados Unidos".
Afirmó además que la petición de México sería una "intrusión radical" en el sistema judicial estadounidense.
Los tres convictos cuyos casos ameritan una revisión especial, según la corte, son César Fierro y Roberto Ramos, ambos encarcelados en Texas, y Osbaldo Aguilera Torres, en Oklahoma.
