LJUBLJANA, Eslovenia.- Los eslovenos votaron por abrumadora mayoría contra la restauración de los derechos de grupos étnicos minoritarios que fueron borrados de los registros de población hace 12 años cuando el país declaró su independencia.
El referendo no vinculante despertó sentimientos nacionalistas en este país alpino de 2 millones de personas situado en el linde de la península de los Balcanes.
Según los resultados oficiales el 95% de los votantes se opusieron a devolver la residencia permanente y otros derechos a más de 18.000 personas —principalmente bosnios, serbios y croatas— que fueron borrados de los padrones bajo una decisión administrativa poco después que Eslovenia se declaró independiente de la antigua federación yugoslava en 1991.
Sólo el 4% aprobó el fallo de la Corte Constitucional que recomendó que el gobierno devolviera sus derechos a este grupo conocido como "Los Borrados".
Aunque el referendo no afecta el fallo anuncia un giro desde el centro izquierda del primer ministro Anton Rop hacia la derecha en las elecciones parlamentarias previstas para fines de año.
Más de un tercio de los 1,6 millones de votantes acudió a las urnas. "El referendo fue una demostración de fuerzas políticas", dijo el analista Miso Alkalaj. "La concurrencia fue amplia y el resultado indica que los partidos nacionalistas han ganado fuerza y perspectivas".
Los nacionalistas alegan que la devolución de derechos obligaría a la joven nación a pagar miles de millones de dólares en indemnizaciones.
Muchos políticos y defensores de los derechos humanos exhortaron al boicot por considerar el referendo una afrenta a las minorías. Cientos de manifestantes marcharon por la capital contra el referendo coreando consignas antinacionalistas.
Cuando Yugoslavia se desintegró en varias repúblicas, los miembros de la etnia eslovena recibieron automáticamente la ciudadanía en la nueva nación, mientras que las personas de otros orígenes debieron solicitarla.
Los que no lo hicieron antes de pasado un año fueron borrados del padrón nacional sin aviso público, con lo cual perdieron el derecho a la residencia permanente, la jubilación, los servicios de salud y otros privilegios de los ciudadanos.
