LA PAZ.- Por encima de cualquier presión, Bolivia debe exportar gas natural a Argentina, puesto que esta acción le reportará unos ingresos anuales de 38 millones de dólares y le situará como un proveedor confiable en la región, opinaron hoy los empresarios bolivianos.
En un comunicado de prensa, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) señaló que la decisión de vender el energético "debe entenderse como un negocio en el que el país encuentra una oportunidad de beneficio" y donde "no deben primar criterios, ni intereses sectoriales".
Bolivia "debe mostrarse como un proveedor confiable con el cual se puede planificar la estabilidad energética de países compradores", indicó la entidad patronal, para la cual el país "difícilmente podrá encontrar nuevos mercados" si sus decisiones en materia económica "son tomadas exclusivamente en base a presiones sociales o a criterios políticos".
La declaración de la CEPB se produce en un contexto en que varios sindicatos y partidos políticos han rechazado el futuro acuerdo energético boliviano-argentino, que debía concretarse hoy pero que fue aplazado para la próxima semana por problemas de salud del presidente Néstor Kirchner.
Argentina necesita importar de Bolivia 4 millones de metros cúbicos diarios de gas natural para paliar la crisis energética que atraviesa y que, según cálculos de expertos del vecino país, se agravará durante el invierno austral.
Esa situación ha obligado a los argentinos a disminuir sus propias ventas a Chile, lo que ha generado quejas a todos los niveles desde Santiago, pues los chilenos requieren de este producto para generar el 40 por ciento de su energía eléctrica, además de abastecer a la industria y a los hogares.
Precisamente, la posibilidad de que el gas natural boliviano sea desviado desde Argentina a Chile es una de las razones del malestar surgido en los últimos días en Bolivia, que podría agravarse con una manifestación convocada por la principal central sindical para el próximo jueves.
En Bolivia existe una fuerte enemistad hacia Chile, nación a la que acusa de arrebatarle el litoral que poseía en el Océano Pacífico en una guerra del siglo XIX, motivo por el cual ambos países carecen de relaciones diplomáticas a nivel de embajador desde 1962, con un breve paréntesis entre 1975 y 1978.
Otra de las causas de la negativa de exportar gas a Argentina se refiere a los beneficios que el Estado boliviano obtendrá del negocio, que los empresarios cifran en 38 millones de dólares anuales y en 190 millones de dólares en cinco años, de cumplirse los plazos apalabrados por las autoridades de ambos países.
No obstante, los beneficios podrían acrecentarse si el Ejecutivo remite al Congreso un proyecto para modificar la actual Ley de Hidrocarburos, que podría significar un aumento del 18 al 50 por ciento de los impuestos que pagan las compañías petroleras que operan en suelo boliviano, según versiones extraoficiales.
Por ese motivo, los opositores al proyecto han solicitado a las autoridades que retrasen la firma del acuerdo con Argentina hasta que se concreten los cambios a la normativa, trabados por las presiones del sector energético y de grupos de poder, y se conozca el resultado de un referéndum para conocer la opinión de la ciudadanía sobre el destino del gas.
Ambas medidas corresponden a compromisos realizados por Carlos Mesa cuando asumió la presidencia en octubre del año pasado, tras una convulsión social que le costó el cargo a su predecesor, Gonzalo Sánchez de Lozada, precisamente por la negativa popular a que se vendiera el gas al exterior.
