GINEBRA.- Por un estrecho margen, de 22 votos a favor, 21 en contra y diez abstenciones, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución que critica al régimen cubano y exige al gobierno de Fidel Castro que acepte la visita de un observador internacional.
El texto, que contó con el apoyo de Chile, critica la falta de democracia y de libertades públicas en la isla. Además "lamenta" las severas condenas impuestas hace un año a setenta y cinco disidentes políticos y periodistas cubanos.
La resolución sostiene que La Habana "debe abstenerse de tomar medidas que puedan poner en peligro los derechos fundamentales de sus ciudadanos como el derecho a la libre expresión y el derecho a tener un proceso legal justo".
El proyecto también insta a La Habana a que coopere con Christine Chanet, representante personal del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos -nombrada el año pasado- y que le facilite el cumplimiento de su mandato. Esto, ya que desde entonces, la enviada especial no ha sido autorizada a ingresar a la isla.
A favor votaron Chile, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México y Perú, mientras Argentina, Brasil y Paraguay se abstuvieron.
Con la excepción de República Dominicana, Paraguay y Honduras, que el año pasado no formaban parte de la Comisión, todos los países latinoamericanos repitieron su voto del año pasado.
Irlanda, en nombre de la Unión Europea y sus futuros miembros, se pronunció a favor de la resolución, al igual que Estados Unidos, Australia y Japón.
En contra votaron los dos mayores países en desarrollo, China y la India, además de Rusia, Pakistán y la mayoría del bloque africano.
Molestia cubana
El jefe de la delegación cubana dijo que la resolución había sido redactada en Washington y no en Tegucigalpa y que el gobierno estadounidense únicamente utilizaba a Honduras en su intento por lograr una vez más la condena del régimen de Fidel Castro.
"Estamos ante un nuevo episodio de la farsa que el gobierno de Estados Unidos viene imponiendo a esta Comisión por más de una década", declaró Juan Antonio Fernández, director de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
Sin medias palabras, el funcionario acusó al Jefe de Gobierno español, José María Aznar, de haber sido el intermediario entre la Casa Blanca y el gobierno hondureño para que este último aceptara presentar la referida resolución.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos, Richard Williamson, dijo que su país respaldaba la iniciativa frente a la "brutal represión" registrada el año pasado en la isla contra personas "cuyo único crimen ha sido decir la verdad sobre el régimen (de Castro).
El diplomático pidió a los otros 52 países miembros del órgano de la ONU respaldar la iniciativa contra el régimen cubano y, en alusión a los latinoamericanos pidió que se superen "barreras artificiales de lealtad regional".
Por el contrario, los representantes chino y ruso apoyaron a Cuba y se mostraron incómodos con la resolución, pues "el camino hacia la protección de los derechos humanos se encuentra en el diálogo constructivo sin presiones externas", dijo el delegado de la Federación Rusa.
Por su parte, el representante chino coincidió con su colega cubano en presentar a Estados Unidos como "el motor principal" de la resolución y deploró "la triste tolerancia que muestra la Comisión ante el comportamiento hegemónico" de ese país.
De distinta opinión fue la representante de la Unión Europea, quien instó al gobierno de Castro a "liberar a los prisioneros políticos y de conciencia", así como a "restaurar la moratoria de la pena de muerte", tácitamente vigente hasta el año pasado, cuando tres cubanos fueron ejecutados por intentar secuestrar una embarcación para dirigirla a Estados Unidos.
De lenguaje moderado, la resolución ha sido considerada por organizaciones no gubernamentales como demasiado suave ante la ola de detenciones registrada hace un año Cuba, que concluyó en condenas de 20 años en promedio.
Además de pedir al gobierno de Castro que evite "medidas que pudieron amenazar los derechos fundamentales (...) de sus ciudadanos", le insta a colaborar con la representante especial de la Comisión para Cuba, la magistrada francesa Christine Chanet.
Esto implicaría autorizarla a visitar la isla para que investigue directamente la situación de los derechos humanos.
