PORTO VELHO.- Después de cinco días de tensión, terminó hoy en Brasil el motín en el penal Urso Branco, de la ciudad amazónica de Porto Velho, que dejó un saldo trágico de por lo menos nueve muertos, según las cifras oficiales.
Según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Rondonia, después de varias horas de negociaciones las autoridades alcanzaron un acuerdo con los líderes de la rebelión, que incluye la destitución del director del penal, Luis Teixeira, y el traslado de 30 reclusos a otras instituciones.
El acuerdo, mediado por un representante del gobierno federal de Luiz Inacio Lula da Silva, incluye además autorización para que los presos reciban visita de sus hijos, mejoría de la comida servida a los reclusos y la instalación de un puesto médico, de una iglesia y de un teléfono público en la institución.
Los líderes del motín aceptaron, a cambio, liberar a los reclusos tomados como rehenes y a unos 165 familiares de presos que optaron por permanecer en el penal cuando estalló la rebelión, el domingo.
El estallido de violencia en el penal Urso Branco mantuvo en vilo el Estado de Rondonia, especialmente a raíz de los actos de crueldad practicados por los líderes del movimiento, que degollaron y descuartizaron a varios reos, a los que acusaban de "traidores".
Ocho de los presos mantenidos como rehenes, que lograron escapar entre la noche del miércoles y la madrugada de hoy, informaron que por lo menos cuatro reos más han sido asesinados, lo que, de confirmarse, aumentaría a 13 el número de víctimas fatales del motín.
El balance final de muertos en la rebelión recién será conocido después de que la policía realice una inspección completa en las dependencias del penal, que ha sido parcialmente destruido por los amotinados, que llegaron a incendiar un pabellón.
La tensión en el penal Urso Branco se inició el viernes pasado, cuando tres presos fueron asesinados por sus compañeros durante una pelea entre facciones rivales.
El motín estalló el domingo, cuando sus líderes tomaron a 24 reclusos como rehenes y degollaron a varios de ellos, mientras presentaban a las autoridades una lista de 20 demandas, entre ellas la destitución del director de la institución.
El martes fracasó el primer intento de acuerdo, y las autoridades provinciales acusaron a los líderes del movimiento de intentar ’’ganar tiempo’’ para poner en marcha una fuga masiva a través de túneles que habrían construido.
Las negociaciones fueron reanudadas en la tarde de este jueves, un día después de que la gobernación interrumpiera el suministro de agua, electricidad y comida al penal, para presionar a los líderes a poner fin a la rebelión.
