LA PAZ.- El Presidente de Bolivia, Carlos Mesa, efectuó hoy una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para determinar si la convocatoria de un referendo en su país es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según fuentes oficiales.
La solicitud de Mesa fue dada conocer por el viceministro de Justicia, Carlos Alarcón, y es la respuesta que desea dar el mandatario a una legisladora que ha recurrido al Tribunal Constitucional del país para obligar al gobierno a esperar la promulgación de una ley marco antes de llamar al referendo.
El gobierno de La Paz ha convocado a la consulta, que debe celebrarse el próximo 18 de julio, para que la población defina los alcances de una nueva Ley de Hidrocarburos, que sustituya a la vigente desde 1996.
Según el viceministro de Justicia, Mesa "está plenamente convencido de la constitucionalidad y legalidad del decreto (que convoca al referendo) y, por eso, ha enviado a la Corte Interamericana una consulta vinculante acerca de cuál es el alcance del Pacto de San José", como se conoce a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Alarcón explicó que este acuerdo jurídico continental "habilita a los Estados a tomar medidas diferentes a las legislativas para hacer efectivos los derechos que consagra el Pacto, entre los que se encuentra el derecho a la participación directa de los ciudadanos en la decisión de los asuntos públicos".
"La respuesta de la CIDH será la que dará el Poder Ejecutivo a este recurso admitido por el Tribunal Constitucional", indicó Alarcón.
El recurso ante el TC fue planteado por la diputada María Elizabeht Eklund, del Movimiento Nacionalista Revolucionario, y fue admitido a trámite hoy, miércoles, aunque su tramitación no suspende ninguna de las competencias iniciadas por la Corte Nacional Electoral, encargada de realizar el referendo.
Eklund explicó que su recurso judicial no es contra la consulta, incluida en la Constitución en febrero pasado, sino en apego a la plena vigencia de la Carta Magna, que exige la aprobación de una norma general para la celebración de los referendos.
La legisladora ha pedido también al TC que anule las resoluciones del organismo electoral que prevé sanciones para los ciudadanos que no acudan a la consulta popular del 18 de julio.
