BUENOS AIRES.- Un juez argentino que investiga una denuncia por un presunto soborno de una firma francesa al gobierno del ex Presidente Carlos Menen envió hoy exhortos a seis países para conocer los titulares de cuentas bancarias por donde habría circulado el dinero.
Haciendo caso a un pedido de la Oficina Anticorrupción (OA) para que investigue las circunstancias en que el país contrató a Thales Spectrum para administrar el espacio radioeléctrico argentino, el juez federal Jorge Urso libró el miércoles los exhortos a Estados Unidos, Islas Vírgenes, Francia, Holanda, Irlanda y Uruguay.
Según los documentos que firmó el juez, a los que accedió Reuters, las imputaciones hechas por la OA apuntan al propio Menem -que gobernó entre 1989 y 1999-, a algunos de sus funcionarios y a representantes de la firma francesa.
El texto de Urso explica que investiga "la presunta comisión de los delitos de cohecho", "’defraudación contra la administración pública" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
El juez argentino acompañó su solicitud con la presentación de la OA, oficina que depende del Ministerio de Justicia y que, como querellante en la causa, proveyó los números de las cuentas bancarias a las que habrían llegado sobornos por más de 20 millones de dólares, según sus cálculos.
El miércoles no había representantes de Thales Spectrum Argentina SA disponibles de inmediato para hablar del asunto.
La investigación se realiza luego de que el gobierno diera de baja en enero la concesión que Thales Spectrum Argentina SA tenía para administrar el espacio radioeléctrico del país.
El Presidente Néstor Kirchner tomó esa decisión tras comprobar que hubo incumplimiento de la compañía. El Estado reasumió el control del servicio desde entonces.
En poco más de un año de gestión, Kirchner ya anuló tres contratos de concesión de servicios públicos: el de Thales, otro del servicio postal y uno de ferrocarriles.
Así buscó diferenciarse de su enemigo político Menem, a quien se enfrentó en las elecciones del 2003 y cuyo gobierno había llevado adelante una política de privatizaciones que Kirchner revisa ahora.
La concesión de Thales databa de 1997 y, según la Comisión Nacional de Comunicaciones, su actividad consistía en regular el conjunto de frecuencias que pueden ser usadas para emitir ondas que transporten información, como ocurre con la telefonía móvil y las radioemisoras.
