CIUDAD DE MEXICO.- El ex presidente del gobierno español, José María Aznar, rechazó las acusaciones lanzadas por una radio de su país, de haber utilizado dineros públicos durante su mandato para conseguir una condecoración de Estados Unidos.
"No tengo nada que negar ni nada que afirmar. Simplemente digo que algunas afirmaciones que se hacen al respecto solamente me merecen desprecio", declaró Aznar.
La radioemisora Cadena Ser había difundido el jueves documentación que presuntamente prueba que el gobierno del Partido Popular contrató a un grupo de presión de Washington para que lograra que le sea otorgada al entonces mandatario español la Medalla de Oro del Congreso.
Según la denuncia, en diciembre de 2003, tres meses antes de la selecciones generales españolas, el ministerio de Relaciones Exteriores contrató por US$2 millones al despacho de abogados Piper Rudnick para difundir la imagen de España y su gobierno en Estados Unidos y lograr las firmas de parlamentarios necesarias para que se le otorgue a Aznar la máxima distinción civil en el país.
El ex mandatario impulsó durante toda su gestión el acercamiento con Estados Unidos y fue uno de los principales defensores en Europa de la decisión de la administración Bush de invadir Irak.
Mal de muchos...
Aznar, de visita en México para promocionar su libro Ocho Años de Gobierno. Una visión personal de España, dijo a la emisora local W Radio que "se pueden intentar muchas cosas para desviar la atención, e incluso intentar manchar la honorabilidad de las personas, pero yo no voy a entrar en esas cosas".
Por su parte, Ana Palacio, quien fuera ministra de Relaciones Exteriores de Aznar, afirmó que "este es un intento por generar ante la opinión pública la impresión de que se trata de algo extraño, inusual, pero nada hay más lejos de la verdad".
Según la ex canciller hay unos 70 gobiernos extranjeros que tienen similares acuerdos de representación con cabilderos en Washington.
La resolución para otorgar la medalla a Aznar ya ha conseguido unas 300 firmas de los 435 integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pero aún no ha sido introducida en el Senado, cuyos 100 miembros deben aprobarla por una mayoría de dos tercios.
