BUENOS AIRES.- La Oficina Anticorrupción de Argentina aseguró hoy contar con documentos que prueban el pago de sobornos por parte de la empresa francesa Thales al gobierno de Carlos Menem (1989-1999) para lograr la concesión del espacio radioeléctrico.
La documentación, contenida en 450 cajas, fue presentada hoy ante el juez federal Jorge Urso, a cargo de la investigación, precisaron a EFE portavoces de la Oficina Anticorrupción (OA).
Las pruebas fueron obtenidas durante un allanamiento en el centro de control del espectro radioeléctrico, que estuvo bajo operación de Thales Spectrum Argentina, filial de la francesa Thales, hasta que el gobierno argentino canceló en enero pasado el contrato de concesión.
Los documentos, muchos de los cuales son copias de fax de comunicaciones entre ejecutivos de Thales y funcionarios gubernamentales, están ahora bajo custodia de la Superintendencia del Interior de la Policía Federal.
La investigación alrededor del contrato de concesión logrado por Thales se inició en abril pasado, a partir de las declaraciones de un directivo de la financiera suiza Finego, Lionel Queudot, un ’’arrepentido’’ que confesó haber intervenido en el giro de los sobornos por unos 25 millones de dólares.
A partir de este testimonio, la OA obtuvo los números de las cuentas bancarias a las que fue girado el dinero de las coimas. Con esas pruebas, el juez Urso libró exhortos a los bancos de Estados Unidos y Francia requiriendo información sobre los titulares de esas cuentas.
El contrato de concesión había sido firmado en julio de 1997, cuando la empresa francesa se llamaba Thompson, por un total de 500 millones de dólares a lo largo de 15 años de duración.
Por medio de la concesión, Thales Spectrum cobraba cánones por el control del uso del espacio radioeléctrico que usan la telefonía celular y canales de televisión, los servicios de radio taxi, los radioaficionados y otros de telecomunicaciones.
El pasado 26 de enero, el gobierno de Néstor Kirchner canceló la concesión del control del espacio radioeléctrico con Thales Spectrum por incumplimiento de las inversiones pautadas en el contrato.
Desde entonces, el servicio que prestaba la compañía francesa quedó a cargo de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, organismo estatal de control.
Durante seis años y seis meses de concesión del espacio radioeléctrico, Thales cobró cánones por 451.744 millones de pesos (151.085 millones de dólares) sin cumplir con las inversiones previstas para mejorar el servicio.
