MONTEVIDEO.— Parlamentarios chilenos se reunieron el lunes con gobernantes y políticos uruguayos para reclamar la rápida extradición de los tres uruguayos presuntamente implicados en el asesinato del químico Eugenio Berríos.
La víctima, muerta en Uruguay en 1992, fue integrante de la disuelta Dina.
La delegación se reunió con el presidente interino Luis Hierro y con los candidatos presidenciales para las elecciones de octubre, entre otras autoridades.
Entre la delegación chilena se encontraba la senadora Carmen Frei, hija del ex presidente Eduardo Frei, quien dijo que la muerte de su padre, que gobernó Chile entre 1964 y 1970 y murió en 1982, tiene una clara conexión con Berríos.
Los hijos de Frei sospechan que en su muerte se utilizaron posibles gases o elementos biológicos fabricados por Berríos. Frei murió de una infección generalizada mientras se recuperaba de una operación en una clínica de Santiago.
La senadora dijo que Berríos era "un bioquímico de una genialidad enorme, que produjo sustancias para eliminar a los indeseables" del régimen militar.
"Desde el primer momento que tuvimos indicios de que la muerte de mi padre fue provocada, empezamos a recolectar información y tenemos sospechas fundadas en que ha habido participación de terceros", dijo Carmen Frei.
Señaló que su padre se convirtió en la figura política más importante de Chile luego del plebiscito de 1980 y fue entonces que "se armó la contra-inteligencia para eliminarlo".
Indicó que en la operación encubierta que se montó en Chile en 1991 para sacar a Berríos de su país participaron los ex militares uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, sobre quienes ahora pende un pedido de extradición iniciado por la justicia transandina.
Los tres están acusados por la justicia de Chile de una supuesta colaboración con agentes chilenos para secuestrar a Berríos y trasladarlo a Uruguay, donde su rastro se perdió en noviembre de 1992, hasta que su cadáver apareció en una playa cercana a Montevideo, en abril de 1995.
La senadora chilena destacó que hay un fuerte compromiso por parte del gobierno uruguayo para que los militares vayan a declarar a Chile.
Agregó que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey, también se comprometió a ayudar con la investigación, aunque manifestó el petitorio de extradición está a cargo del juez competente.
