LIMA.- La mujer que asegura haber sido parte de una "fábrica de firmas" para lograr de forma irregular la inscripción del partido del presidente Alejandro Toledo, Perú Posible (PP), ratificó hoy sus acusaciones y pidió un careo con Margarita Toledo, una hermana del mandatario.
En un primer encuentro con periodistas, Gladys Alvarez insistió en que la cúpula de PP sabía de la existencia de esa "fábrica", incluido el hoy presidente, y aseguró que por lo menos cinco personas más que participaron de la maniobra están dispuestas a declarar.
El escándalo estalló este domingo, cuando Alvarez, de 26 años, apareció en televisión para dar detalles del supuesto delito, que según ella fue coordinado y manejado por Margarita Toledo.
Según la testigo, todo ocurrió en 1998, cuando PP tenía problemas para reunir las firmas, por lo que los dirigentes supuestamente contrataron a varias personas para adulterar rúbricas. La faena, de acuerdo a su relato, terminó con una fiesta en la que participó el propio Alejandro Toledo.
Alvarez admitió esta tarde que para entonces tenía un romance con Roberto Toledo, sobrino del mandatario, pero aclaró que tal relación acabó en buenos términos, con lo que desmintió a portavoces de PP, como Hugo Garavito, que atribuyen la denuncia al "despecho" de la testigo.
La denunciante afirmó que no se irá del país y se mantendrá en su versión, en contraste con lo sucedido el julio pasado, cuando una primera testigo, Carmen Burga, que había hecho idéntica denuncia, se fue con su familia a Ecuador en confusas circunstancias y dejó un video en el que se retractaba de sus dichos.
El fiscal anticorrupción Iván Meini dijo hoy que la denuncia de Alvarez debe ser investigada y consideró que la testigo no actúa por dinero o algún otro interés.
Dirigentes de PP niegan cualquier acto ilícito en la captación de firmas y aseguran que las rúbricas se recolectaron de acuerdo con las normas existentes.
El escándalo es uno más de los varios que ha tenido que enfrentar Toledo, cuya gestión gubernamental, que comenzó en 2001 y finaliza en 2004, transcurre en medio de una grave crisis de impopularidad.
Alvarez, que se acogió a la figura legal del "colaborador eficaz", exigió hoy a la Prefectura de Lima garantías para ella y su familia, pues, aseguró, en una ocasión ya hubo amenazas en su contra.
