CIUDAD DE PANAMA.- Panamá pidió el martes a Cuba que retire a su embajador Carlos Zamora en medio de una creciente tensión entre ambos gobiernos, luego de que el domingo La Habana acusara a la presidenta Mireya Moscoso de planear el indulto de anticastristas.
Cinco anticastristas, dirigidos por Luis Posada Carriles, están condenados en Panamá a penas de hasta ocho años de prisión por conspirar en el 2000 para matar a Castro. Entre ellos está Guillermo Novo, implicado en el crimen del ex canciller chileno Orlando Letelier en Washington.
"El gobierno de Panamá le ha solicitado al gobierno de Cuba retirar a su embajador. Se le ha entregado la nota y asumo que va a cumplirla", dijo el canciller panameño, Harmodio Arias, en conferencia de prensa tras reunirse con Zamora.
Panamá retiró el lunes a su embajador en La Habana, Abraham Bárcenas, luego de que el domingo la cancillería cubana acusara a Moscoso de planear el indulto y amenazara con romper relaciones diplomáticas si ello ocurre.
Para Panamá se mantienen las relaciones diplomáticas, pero Moscoso exigió al gobierno cubano una disculpa por los que consideró una intromisión en los asuntos internos del país, al tiempo que reconoció que estaba pensando en el indulto a los anticastristas.
"Estamos en paz con Cuba, pero lo que tiene que hacer es pedir disculpas porque es inaceptable. Son dos notas amenazándome y nadie puede amenazar a mi país", dijo a periodistas la mandataria, quien terminará su período de gobierno el 31 de agosto.
Moscoso dijo que hará públicos "pronto" los nombres de presos, inicialmente sólo panameños, que serán indultados antes que termine su mandato de cinco años.
"Nosotros no habíamos ni siquiera pensado en dar un indulto, pero ahora sí lo estoy pensando porque a mí no se me cuestiona, mucho menos un país extranjero", aseguró.
Posada Carriles, exiliado cubano, fue acusado de conspirar para asesinar a Castro con explosivos mientras el líder pronunciara un discurso en la Universidad de Panamá, el 18 de noviembre del 2000, al final de la Cumbre de jefes de Estado.
La inteligencia cubana descubrió la conspiración días antes de la cumbre y alertó a la policía panameña, que arrestó a Posada y a sus cómplices antes de que colocaran los explosivos, hallados luego en un maletín en un automóvil alquilado.
Los defensores de Posada Carriles argumentaron que la seguridad de Castro le tendió una trampa al colocar los explosivos en su vehículo alquilado, mientras que el acusado estaba en Panamá para ayudar a un funcionario cubano de alto rango a desertar de la isla.
Un juez condenó a Posada Carriles y a Gaspar Jiménez a 8 años de prisión en Panamá por delitos contra la seguridad pública, peligro común, y falsificación de documentos. Las penas, según el gobierno cubano, no se corresponden con la gravedad de los hechos.
En tanto, Guillermo Novo Sampol, Pedro Crispín Remón, y César Matamoros fueron condenados a 7 años de cárcel por atentar contra la seguridad colectiva.
Analistas advirtieron que la decisión del gobierno de Moscoso de enfriar las relaciones diplomáticas con Cuba y pensar en un posible indulto a los anticastristas dejará un gran problema al presidente electo, Martín Torrijos, que asumirá el 1 de septiembre.
"Si lo hace (romper relaciones) pondrá en serio predicamento al gobierno entrante (...) porque las relaciones son fáciles de romper y difíciles de restituir" afirmó el analista internacional Roko Zetka.
La cancillería panameña dejó abierta la posibilidad que Castro pueda asistir a la toma de posesión del presidente Torrijos, hijo de Omar Torrijos, el hombre fuerte de Panamá en la década de 1970, quien inició las relaciones con Cuba.
