LIMA.- Un juez anticorrupción de Perú abrió hoy proceso penal a Pedro Toledo, hermano menor del presidente Alejandro Toledo, acusado de haber utilizado sus influencias para que una empresa de telecomunicaciones, cuya propiedad se le atribuye, obtenga una supuesta concesión irregular.
El juez Saúl Peña Farfán abrió proceso al hermano del gobernante por los delitos de tráfico de influencias, falsedad genérica y falsa declaración en procedimientos administrativos en agravio del Estado, y ordenó su impedimento de salida del país.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgó en junio pasado la concesión para prestar el servicio de telefonía fija en Lima y la provincia del Callao durante 20 años a la empresa Telecomunicaciones Hemisféricas .
De acuerdo a una denuncia periodística acogida por un fiscal anticorrupción, la compañía obtuvo la concesión sin cumplir algunos requisitos de ley como tener un aval de 1,8 millones de dólares. Telecomunicaciones Hemisféricas sólo contaba con 5.000 soles de capital (unos 1.470 dólares).
Además, se acusa a Pedro Toledo de usar a dos testaferros, que aparecen como dueños de la empresa, pero que no cuentan con solvencia económica.
En los últimos meses, la familia del jefe de Estado se ha visto involucrada en casos de corrupción y escándalos, lo que ha contribuido -según los analistas- al bajo índice de popularidad del gobernante, que alcanza el 11 por ciento, de acuerdo a una última encuesta difundida en Lima.
Pero las denuncias por corrupción también han alcanzado al propio presidente, quien fue acusado de participar en la presunta falsificación masiva de firmas que habría realizado el partido de gobierno en 1999, y el supuesto soborno pagado por el grupo colombiano Bavaria para adquirir las acciones de la cervecera peruana Backus en 2002.
Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso la semana pasada, Pedro Toledo negó haber ejercido influencia para que se entregue la concesión a la empresa de telecomunicaciones.
Asimismo, sostuvo que participó en esa empresa en calidad de broker y que su único objetivo fue "crear puestos de trabajo y acabar con el monopolio de Telefónica".
Peña Farfán ordenó también el impedimento de salida de otras seis personas vinculados al caso y fijó para todos los implicados un embargo preventivo de sus bienes y el pago de una caución o garantía para asegurar su permanencia en territorio peruano, que estará sujeta a determinadas reglas de conducta.
