BUENOS AIRES.- El Senado argentino decidió hoy iniciarle juicio político al juez de la Corte Suprema Antonio Boggiano, quien de ser declarado culpable podría ser el quinto miembro de ese tribunal en perder su puesto desde que asumió el presidente Néstor Kirchner en 2003.
El presidente del bloque de senadores del oficialista Partido Justicialista (peronista) dijo que el tribunal buscará "resolver con el mayor equilibrio, como ha actuado en los otros casos la Cámara de Senadores".
La Cámara de Diputados, que se encarga de realizar la investigación de los supuestos incumplimientos a los deberes de funcionario público de los que se acusó al juez, aprobó poner a consideración del Senado el juicio político a Boggiano el 16 de diciembre pasado.
Boggiano es acusado de firmar los mismos polémicos fallos por los que otros miembros de la Corte fueron investigados y acusados.
Kirchner inició al asumir su cargo una cruzada para cambiar la composición del tribunal, que consideraba parcial y ligado al ex presidente Carlos Menem (1989-1999), su principal enemigo político y a quien culpa de la caótica crisis económica en la que cayó al país al final de la década de 1990.
Cuatro de los nueve miembros del tribunal fueron acusados por el Congreso, tres de ellos renunciaron antes de ser enjuiciados mientras que un cuarto juez fue destituido por el Senado.
Previamente, en octubre del 2002, otro miembro del tribunal había presentado su renuncia, supuestamente disgustado con el comportamiento de sus miembros, en un tribunal fuertemente cuestionado por la sociedad.
La posible salida de Boggiano implicaría así que en menos de tres años se cambien seis integrantes del máximo tribunal.
Opositores a Kirchner afirman que el Presidente busca conformar un tribunal afín a sus ideales, tal como supuestamente hizo Menem al ampliar la cantidad de integrantes de cinco a nueve, y mencionan recientes fallos favorables a su gestión como señal de ello.
Sin embargo, el gobierno responde que Kirchner modificó el sistema de designación de los jueces, que tras ser nombrados candidatos por el presidente debe atravesar audiencias públicas en las que pueden recibir adhesiones o cuestionamientos de la sociedad. Después el Senado debe designarlos o rechazarlos.
