QUITO.- El ministro de Gobierno de Ecuador, Oscar Ayerve, dijo que el Congreso deberá evitar que los sectores políticos se repartan la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) y garantizar que "sea independiente y despolitizada por el bienestar del país".
El funcionario justificó la decisión del Presidente Lucio Gutiérrez de implantar el estado de emergencia en Quito y disolver la CSJ señalando que la intención del mandatario fue "la de crear un escenario que permita resolver el tema de la CSJ y evitar un caos en la Función Judicial del país".
Explicó que con la emergencia y la disolución de la CSJ, Gutiérrez "buscó evitar no sólo las confrontaciones y luchas entre los ecuatorianos, sino además impedir que nuevamente los sectores políticos se repartan la Corte y los tribunales de justicia".
El ministro explicó que el gobierno jamás ha tenido el propósito de violentar los derechos humanos o las garantías civiles de los ecuatorianos y señaló que "el régimen garantiza la libertad de expresión de los ciudadanos".
Ayerve admitió que la Corte designada por resolución en diciembre y que fue cesada el sábado, igualmente, estaba integrada por magistrados que respondían a intereses de algunos partidos políticos.
"Esa Corte no correspondía a los anhelos del Jefe del Estado quien en su campaña electoral prometió que despolitizaría los tribunales de justicia", dijo el ministro.
Justamente es esta Corte de 31 magistrados nombrada en diciembre y cesada el viernes la que está en el centro de las protestas, pues fue designada por el Parlamento mediante un decreto simple, lo que la oposición considera como una manipulación para nombrar aliados en ese tribunal.
De hecho fue esa Corte la que el 31 de marzo pasado exculpó de cargos de corrupción a los ex presidentes Abdalá Bucaram y Gustavo Noboa, y al ex vicepresidente Alberto Dahik, lo que les permitió volver desde los países donde se refugiaban para eludir los cargos.
Esa medida de la Corte exacerbó aún más los ánimos y es la que tiene en medio de esta crisis al país.
Cambios internos
Ayerve reveló que el gobierno y directamente el Presidente Gutiérrez tenía conocimiento de que la Corte cesada iba a producir en la próxima semana una serie de providencias sobre casos que no mencionó pero que "podrían provocar grave conmoción interna".
De otro lado algunos sectores de la oposición indicaron que a partir de este lunes analizarán la posibilidad de someter al presidente Gutiérrez a un juicio político que podría cesarlo en sus funciones por haber violado la Constitución, en virtud a que no estaba facultado para cesar a la CSJ.
El diputado Segundo Serrano, jefe del Partido Socialista, dijo que "si el Presidente violó la Constitución al expedir el decreto de emergencia en Quito y disolver la CSJ, debe ser políticamente interpelado en el Congreso".
Por el juicio político se habían pronunciado legisladores del Partido Socialista Frente Amplio (PSFA), la Izquierda Democrática (ID), el Movimiento Popular Democrático (MPD) y el movimiento indígena Pachakutik.
Ernesto Pazmiño, diputado de la ID, expresó que con la cesación de la Corte se configuró una causal grave para impulsar la destitución del Presidente, quien no puede inmiscuirse en otros poderes del Estado.
El jefe de bloque del Pachakutik, Julio González, sostuvo que el Legislativo tiene las causales para impulsar un juicio político en contra el Jefe del estado.
El Movimiento Popular Democrático (MPD) anunció a través de su director nacional, Gustavo Terán: "Plantearemos un juicio político al primer mandatario".
