WASHINGTON.- A pesar de que su condena fue denunciada el año pasado como "ilegal" por la Corte Internacional de Justicia de La Haya (principal órgano judicial de la ONU), la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó hoy la apelación de un mexicano condenado a muerte, en el estado de Texas.
El condenado, José Medellín, había hecho valer que el Estado de Texas no le notificó su derecho de asistencia consular, cuando fue condenado por la violación y muerte de dos jóvenes mujeres, ocurrida en 1993.
Según él, su pena debería ser anulada conforme a las recomendaciones de la Corte Internacional de La Haya que, el año pasado, aseguró que el trato de los acusados contradice los preceptos de la Convención de Viena en lo que respecta a la asistencia consular a la que tienen derecho los prisioneros extranjeros desde 1963.
Esta convención permite a una persona en prisión en un país distinto al suyo tener acceso a los representantes diplomáticos de su país natal durante el juicio.
Por esto, el 31 de marzo de 2004, la Corte Internacional de Justicia ordenó -por 14 votos contra uno- la revisión de los procesos de 51 mexicanos que estaban en espera de la pena capital en Estados Unidos.
Tras la decisión, el presidente estadounidense, Gerge W. Bush, ordenó en febrero de este año el examen de esos casos, pero indicando la voluntad de Estados Unidos de retirarse del protocolo de la Corte para evitar ese tipo de cuestiones en el futuro.
Desde hace un tiempo, los intentos de las cortes internacionales para reducir el alcance de la pena capital en Estados Unidos, han sido rechazados por algunos jueces de ese país y categóricamente condenados por políticos conservadores.
"La soberanía estadounidense y la integridad de nuestro proceso legal no deberían estar amenazadas por una jurisprudencia de leyes y decisiones judiciales extranjeras a nuestra Constitución y a nuestro sistema de autogobierno", aseguró el congresista republicano que representa al estado de Florida, Tom Feeney.
Este debate se da en medio de la renuencia del gobierno de Bush a reconocer la autoridad de la Corte Penal Internacional, argumentando que ésta podría ser politizada e interferir en las misiones globales para el mantenimiento de la paz.
