WASHINGTON.- Las autoridades carcelarias de EEUU registraron en 2004 algo más de 8.000 incidentes de abuso sexual en las prisiones del país, con incidentes más frecuentes en centros para delincuentes juveniles, según un informe divulgado hoy.
El Departamento de Justicia publicó su primer análisis estadístico sobre el abuso sexual en las penitenciarías de EE.UU., aunque las autoridades reconocieron que el problema podría ser mayor porque, por temor a represalia, muchas víctimas no formulan denuncia.
El informe, exigido por una ley federal de 2003, indicó que hubo 8.210 incidentes de carácter sexual en las 2.700 prisiones analizadas y que en su conjunto albergan a cerca de dos millones de presos.
Según el análisis, cerca del 42 por ciento de los casos involucró el abuso sexual de los presos por parte del personal carcelario, mientras que el 37 por ciento fue entre los propios presidiarios.
En los centros de detención para menores administrados por los gobiernos estatales, las denuncias de casos de abuso sexual por parte del personal fue diez veces mayor que los registrados en instalaciones para adultos.
Sin embargo, las autoridades pudieron comprobar que hubo violación sexual de los presos sólo en el 18 por ciento del total de casos denunciados en las prisiones estatales y que fueron investigados en su totalidad.
Las autoridades no encontraron pruebas contundentes para sustanciar el 30 por ciento de los casos supuestamente perpetrados por el personal de la cárcel, indicó el informe.
Las mujeres, que conforman menos del 10 por ciento de la población carcelaria, fueron víctimas del abuso sexual en las prisiones estatales en casi la mitad de los casos.
También se ha destacado la dificultad de investigar y comprobar los casos y que, a falta de pruebas con ADN, termina siendo la palabra de un reo contra la de otro, o la de una víctima contra su presunto agresor.
Una comisión especial tiene previsto realizar una audiencia el mes próximo para analizar el problema del acoso y violación sexual entre la población carcelaria.
Mientras, la Oficina de Estadísticas de Justicia elabora un cuestionario con el que espera mejorar la recogida de datos.
El cuestionario, que protege la identidad de los presos, se pondrá a prueba en diez estados y cinco prisiones federales para finales de este año.
