BUENOS AIRES.- La justicia argentina rechazó hoy los pedidos de extradición a Alemania de Jorge Videla y Emilio Massera debido a que ambos enfrentan juicios en el país por crímenes cometidos durante la última dictadura militar (1976-1985).
Los dos ex jefes militares, que estuvieron al frente del Ejército y de la Marina, respectivamente, durante el comienzo del gobierno de facto, están sometidos a proceso penal en Argentina, recordó hoy el juez federal Sergio Torres.
Videla y Massera, ambos a punto de cumplir 80 años de edad, fueron condenados a reclusión perpetua por crímenes de lesa humanidad.
Aunque no purgaron la pena porque fueron indultados, afrontan cargos en varios procesos penales que se tramitan en su país por violaciones a los derechos humanos.
Massera, sin embargo, ha sido declarado inhábil mental y no será sometido a juicio oral. Videla, en tanto, aún puede ser enjuiciado como uno de los responsables del Plan Cóndor, por el robo de hijos de desaparecidos y por el secuestro y tormentos de cientos de prisioneros de los centros clandestinos de detención que dependieron del Ejército.
El caso
En marzo de 2004 el juez Torres comenzó a intervenir en el proceso para la extradición de Videla y Massera, promovido a través de la Cancillería por el Tribunal de Nuremberg que investiga el secuestro y desaparición, en Argentina, de los germanos Elisabeth Kaesemann y Klaus Zieschank.
Argentina tiene prioridad para juzgar crímenes cometidos en su jurisdicción y en los últimos años el Congreso y la Corte Suprema de Justicia han coincidido en anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, consideradas ahora inválidas e inconstitucionales.
También se reclama desde varios sectores sociales y políticos, la anulación de los indultos, dispuestos por decreto por el ex Presidente Carlos Menem (1989-1999).
Eso significa que no existen obstáculos para enjuiciar a represores en su propio país.
La joven Kaesemann era hija de un teólogo alemán que viajó a la Argentina preocupado por el paradero de su hija y, en la dictadura, debió pagar 20.000 dólares para que las Fuerzas Armadas le entregaran el cuerpo de la víctima.
La "Coalición contra la Impunidad" formada en Alemania por familiares de desaparecidos a manos de las dictaduras del Cono Sur querelló a militares argentinos por los casos de Kaesemann y por Zieschank y también por la desaparición de quince obreros de la automotriz Mercedes Benz cuyo destino aún se investiga en Argentina.
Tribunales de España e Italia también han iniciado juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en Argentina durante la dictadura del período 1976-1983.
