Misión de la OEA llega a una Bolivia agobiada por la crisis política

LA PAZ.- Una misión de observación de la OEA llegará el  jueves a Bolivia, encabezada por el ex canciller argentino Dante Caputo, para  analizar la situación de un país agobiado por pugnas políticas, regionales y  étnicas, y enfrentado en torno a una Constitución estatista y autonomías con  sesgo secesionista.

Caputo, hombre de confianza del secretario general de la OEA, José Miguel  Insulza, llega a pedido del gobierno boliviano con el objetivo de monitorear una delicada situación política, en momentos de máximo distanciamiento entre el  gobierno y seis prefectos rebeldes que, según dicen, han perdido la confianza  en el presidente Evo Morales.

La oposición ha expresado sus reservas a la misión mediadora de la OEA.

"Nos parecería interesante tener seguimiento internacional, pero un seguimiento internacional confiable, no como el del secretario general de la  OEA, que vino aquí a hablar sólo con el gobierno, se bajó del avión y dijo  después del acuartelamiento de Sucre, donde hubo cercos en la Plaza Murillo,  tres muertos y centenares de heridos, que todo le parecía normal", protestó el  ex presidente Jorge Quiroga, cabeza de la oposición política.

Se refería así a la labor del chileno José Miguel Insulza, secretario  general de la OEA, quien visitó Bolivia tras las violentas protestas a finales  de noviembre pasado en la sureña ciudad de Sucre.

En la actual crisis política, el gobierno del presidente Evo Morales ha  hecho acercamientos para conciliar posiciones pero la oposición tiene reservas  acerca de la franqueza de las intenciones del diálogo que invoca el Ejecutivo.

"A estas alturas creemos que es imprescindible la mediación de la Iglesia.  Para ser muy francos, creemos que la única forma efectiva de sentar actores  políticos, regionales, gubernamentales en una mesa, es mediante una  convocatoria del cardenal (Julio) Terrazas, porque se ha incubado una gran  desconfianza", opinó Quiroga.

Actualmente el país se haya enfrascado en un debate jurídico-político sobre  la realización de referendos propuestos por el gobierno para validar una  Constitución que la oposición considera ilegítima, y consultas de departamentos  para otorgarse autonomías que el gobierno considera ilegales.

Las discrepancias entre el gobierno y los líderes civiles y prefectos de  seis de las nueve regiones bolivianas están focalizadas en estos regímenes  autonómicos a los que aspiran, algunos de ellos, como en el caso de Santa Cruz  con marcado sesgo secesionista.

El estatuto autonómico de esa región, la de mayor desarrollo del país,  pretende crear su propia policía y llevar su propio registro de ciudadanía,  prescindiendo del poder central, según denuncia machaconamente el gobierno.

Además está como telón de fondo un irresuelto antagonismo entre los  'cambas' (ciudadanos de los sectores llaneros) y de los 'collas' de los Andes,  que apoyan a Morales.

Por lo pronto, el Tribunal Nacional Electoral ha considerado nulas las  convocatorias a estas consultas -previstas para mayo- aunque tanto gobierno  como oposición buscan que los referendos se realicen.