GINEBRA.- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebra hoy una sesión extraordinaria sobre los derechos humanos en Sri Lanka, que los países europeos quieren aprovechar para conseguir un acceso humanitario sin trabas a la zona donde se libraron los peores combates contra la guerrilla tamil.
Con el respaldo de la Unión Europea (UE), Suiza ha presentado una proyecto de resolución que pide al Gobierno ceilandés que garantice un acceso total del personal y de la ayuda humanitaria a los cientos de miles de desplazados por el conflicto en el norte del país.
El texto, sin embargo, no plantea la creación de una comisión internacional que investigue los eventuales crímenes cometidos en ese contexto, como se había previsto inicialmente.
Otro grupo de países -entre ellos Pakistán, China, Cuba, Arabia Saudí y el propio Sri Lanka- han presentado un proyecto de resolución alternativo, que difiere claramente del occidental y se centra en felicitar las medidas gubernamentales en favor de los desplazados.
Asimismo, insta a la comunidad internacional a cooperar con el Gobierno de Colombo en los esfuerzos de reconstrucción de la zona afectada.
El Ejército de Sri Lanka logró derrotar a la guerrilla tamil, tras meses de una intensa ofensiva militar que causó más de 280.000 desplazados, según datos de Naciones Unidas, los que ahora están alojados en campamentos instalados por las autoridades.
Las cifras estimadas de muertos civiles en este último periodo del conflicto oscilan entre 6.500 y 10.000.
El proyecto europeo de resolución en el Consejo de Derechos Humanos deplora justamente la pérdida de vidas durante el conflicto y condena los ataques de la guerrilla contra la población civil, a la que utilizó como "escudo humano".
Aunque la iniciativa no critica directamente al Gobierno de Colombo, sí expresa la gran preocupación generada por las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el conflicto.
En ese sentido, además de pedirle una cooperación total con las organizaciones humanitarias, el documento insta al Gobierno a "asegurar la libertad de movimiento de los desplazados y el acceso al agua potable y a la higiene".
